Melissa Villegas - Universidad Nacional
Alejandro Osorio - Universidad Jorge Tadeo Lozano
Laura Mendoza - Universidad Jorge Tadeo Lozano
La Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), celebrada en Cartagena en febrero de 2026, buscó reactivar el debate global sobre gobernanza de la tierra y desarrollo rural veinte años después del encuentro realizado en Porto Alegre. La iniciativa se inscribe en una trayectoria más amplia: la International Conference on Agrarian Reform and Rural Development surgió en Roma en 1979 bajo el auspicio del sistema de Naciones Unidas, donde se adoptó la denominada “Carta del Campesino”, un programa orientado a mejorar las condiciones de las poblaciones rurales sin tierra mediante la cooperación entre Estados, la FAO y otros organismos internacionales. Décadas después, Brasil acogió en 2006 la primera ICARRD durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, impulsada en gran medida por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en un contexto que buscó reposicionar la cuestión agraria en la agenda internacional (Terán, 2026).
En este marco, la ICARRD+20 fue presentada como un espacio de cooperación internacional para discutir la reforma agraria y la gobernanza de la tierra. Sin embargo, la configuración del evento abre una pregunta analítica sobre su naturaleza: ¿hasta qué punto funcionó como un escenario efectivo de política internacional y no como una plataforma para proyectar debates y avances domésticos de la política agraria colombiana? A partir de esta tensión, el presente análisis examina los actores, debates y resultados de la ICARRD+20 con el fin de determinar si el encuentro constituyó un ejercicio de diplomacia internacional o si operó principalmente como una vitrina de la agenda agraria nacional.
La elección de Colombia como sede de la ICARRD+20 fue resultado de un posicionamiento político estratégico, por un lado, del movimiento campesino y agrario tras la Octava Conferencia de la Vía Campesina en Bogotá 2023 (Ochoa García, 2026). Por otro, del gobierno colombiano durante la sesión #52 del Comité de Seguridad Alimentaria, allí la FAO aceptó la propuesta de Colombia de ser el país anfitrión de la segunda edición de la ICARRD en octubre del 2024. Todo ello en un clima en que organismos multilaterales, como la FAO y el CFS, coinciden en medir rezagos en gobernanza de la tierra y reabrir la cooperación internacional para enfrentar el hambre, la pobreza rural, la crisis climática y la degradación ecológica.
Formalmente, la conferencia contó con una amplia presencia internacional. De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), participaron delegaciones de 102 países y 60 gobiernos, además de organismos multilaterales como la FAO (UPRA, 2026). La agenda incluyó espacios de cooperación global, entre ellos el encuentro de la Alianza de Campeones por la Transformación de los Sistemas Alimentarios (coalición internacional a la que Colombia se adhirió recientemente) y el lanzamiento del Observatorio Global de la Tierra por parte de la FAO (RTVC Sistema de Medios Públicos, 2026). Asimismo, distintos países compartieron experiencias sobre redistribución de tierras, titulación colectiva y financiamiento rural, mientras el gobierno colombiano promovía la idea de posicionar al país como referente en la discusión internacional sobre reforma agraria.
No obstante, esta proyección contrastó con la estructura institucional visible del evento. La conducción logística y política estuvo centrada principalmente en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezado por Martha Carvajalino, y en entidades del sector agrario como la Agencia Nacional de Tierras y la UPRA. En cambio, la presencia del aparato diplomático colombiano fue limitada en la programación pública. Aunque la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, participó en el proceso y destacó la amplitud de actores y la profundidad de los debates, su intervención no se tradujo en una participación visible y sostenida de la Cancillería en las actividades centrales del encuentro (UPRA, 2026).
En términos de participación, el encuentro contó con la presencia fuerte de actores sociales y territoriales, más de 1.500 representantes de organizaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes hicieron parte en los debates en torno a la agroecología, la soberanía alimentaria y la construcción territorial de la reforma agraria (Amaya Garzón, 2026; Colombia Informa, 2026). Este protagonismo reforzó el carácter doméstico de muchas discusiones, centradas en problemáticas agrarias propias del contexto colombiano. Por ello, no resulta extraño que los medios nacionales e internacionales hayan cubierto el evento haciendo especial énfasis en paneles enfocados en experiencias como la del Catatumbo, presentada como una ruta para la construcción de una reforma agraria desde abajo (Amaya Garzon, 2026). Sin embargo, la sobreexposición de los actores domésticos en los artículos de prensa genera una incómoda pregunta ¿fue la ICARRD+20 el contexto de política exterior que se esperaba?
El diario El País de España señaló que “La ICARRD+20 plantea que la reforma agraria es una herramienta concreta para enfrentar las crisis estructurales del siglo XXI.” (Murcia, 2026) en una pieza informativa, aunque subraya el tema central del encuentro, es un contenido “branded”. En otras palabras, el artículo de El País no se plantea como crónica internacional independiente sino como contenido patrocinado de marca. El eco internacional se concretó más en redes especializadas y plataformas de incidencia como Transnational Institute (TNI) que en la prensa global. Pese a su relevancia temática el evento no terminó de consolidarse como hito visible en la agenda mediática internacional como sí ha sucedido con las grandes cumbres climáticas o de biodiversidad. Cabe resaltar que en el cierre del evento no se consolidó un consenso político sustantivo entre todos los actores participantes, ejemplo de ello es la declaración del International Indian Treaty Council y otras organizaciones indígenas quienes aseguraron respaldar a los organizadores del evento, pero rechazaron la declaración final y cuestionan el lenguaje empleado de “comunidades locales”, en tanto puede debilitar derechos diferenciados de los pueblos indígenas y otras comunidades rurales (IPC, 2026).
Durante la clausura, la ministra Carvajalino señaló que varios países de Asia y África manifestaron interés en albergar una próxima edición de la conferencia y propuso a México como posible sede futura, sugiriendo la intención de consolidar una red internacional de cooperación en torno a la reforma agraria (UPRA,2026). Sin embargo, más allá de estas declaraciones, la conferencia dejó pocos resultados tangibles en términos de acuerdos multilaterales o mecanismos formales de cooperación. Al revisar los consensos a los que llega la ICARRD+20, es firmada una declaración final por 28 estados, la mitad exacta de los asistentes a la conferencia, además, las recomendaciones se estancan en repetir recomendaciones y no innovan en los debates de las 4R: reconocimiento, redistribución, restitución y regulación en el contexto de la desigualdad en la tierra y crisis ecológica.
En conclusión, Colombia ha orientado una parte significativa de su política exterior hacia la gestión o proyección internacional de sus problemáticas domésticas (Piñeros, Prieto y Garzón, 2021). La ICARRD+20 parece inscribirse en esa misma lógica, pues el evento terminó proyectando principalmente los avances domésticos en la reforma agraria del gobierno de Petro en materia de reforma agraria, y, en particular, el liderazgo político de la Ministra Carvajalino, antes que consolidarse como un espacio de deliberación internacional con resultados concretos, vinculantes y debates carnudos. Muestra de ello es la presencia apenas marginal del Ministerio de Relaciones Exteriores, una presencia a medias significativa si se tiene en cuenta que el evento aspiraba a proyectar a Colombia como un actor regional de liderazgo en materia de diplomacia agraria. A ello se suma la falta de acuerdos entre los Estados concretos y el hecho de que los principales resultados sean una declaración de consenso u hoja de ruta futura, lo que ubica a la ICARRD+20 no muy lejos de su antecedente en Brasil, donde se adoptaron compromisos y mecanismos de seguimiento voluntarios, sin que ello se tradujera en acuerdos robustos y efectivos entre los Estados. Incluso la escasa cobertura en medios internacionales de referencia puede leerse como un indicio de su débil proyección externa. En ese sentido, más que un verdadero hito de política exterior con resultados multilaterales tangibles, la ICARRD+20 pareció servir, sobre todo, como plataforma de proyección internacional de la agenda agraria del gobierno colombiano.
El análisis fue elaborado por Jaime Alejandro Osorio Martínez estudiante de 4to semestre de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Laura Sofia Mendoza Herrera estudiante de 8vo semestre Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Melissa Villegas Briceño politóloga y graduanda de derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
Referencias
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