Juan Pablo González Bogotá - Universidad Nacional de Colombia
David Santiago Muñoz Triviño - Universidad Nacional de Colombia
Colombia ha vivido unas semanas de intensa actividad diplomática y militar con Estados Unidos, muy relacionadas con la determinación presidencial de Donald Trump de sostener la descertificación en drogas con excepción NIC (por “intereses nacionales vitales”, la salvedad que permite mantener la cooperación pese al incumplimiento) hacia nuestro país. Más que causa o consecuencia de dicha descertificación, este despliegue diplomático mutuo evidencia el retorno a un sistema de cooperación bilateral centrado en seguridad, que había perdido peso político durante el gobierno Petro.
Origen y funcionamiento del mecanismo de certificación
El mecanismo de certificación en drogas de Estados Unidos se originó en 1986, bajo la administración de Ronald Reagan, mediante la Anti-Drug Abuse Act, que modificó la Foreign Assistance Act de 1961 y condicionó la asistencia estadounidense a los principales países productores o de tránsito de drogas a una determinación presidencial anual. A comienzos de siglo, el Congreso modificó el estándar: en lugar de exigir que cada país demostrara cooperación plena para obtener la certificación, estableció que el presidente debía identificar a aquellos países que hubieran "fallado de manera demostrable" en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales contra las drogas (Gómez Maseri, 2026). El mecanismo contempla tres resultados posibles, cada uno con implicaciones concretas para el país: la certificación plena, que libera la cooperación retenida; la descertificación, que retiene hasta el 50 % de la ayuda estadounidense y cierra el acceso a créditos multilaterales; y una excepción por "intereses nacionales vitales" (NIC), mediante la cual el presidente mantiene la cooperación pese a la designación de incumplimiento, cuando considera que ello conviene más a Estados Unidos que suspenderla. Cada determinación se construye a lo largo de los doce meses previos.
Antecedentes históricos de Colombia con el mecanismo
Colombia ya había atravesado un episodio de descertificación durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando Washington determinó en 1996, 1997 y 1998 que el país no cumplía los estándares exigidos, en el contexto de las revelaciones sobre financiación del cartel de Cali a su campaña presidencial. A lo largo de prácticamente las siguientes tres décadas, Colombia no volvió a recibir una calificación negativa, hasta que el 15 de septiembre de 2025 el Estado colombiano bajo el gobierno de Gustavo Petro fue descertificado (bajo la figura de excepción NIC), con el argumento oficial estadounidense de que los cultivos de coca y la producción de cocaína habían alcanzado niveles históricos y de que el gobierno colombiano había incumplido sus propias metas de erradicación. La determinación de 2025 distinguió expresamente entre las fuerzas de seguridad colombianas, a las que elogió, y el liderazgo político del país, al que atribuyó la responsabilidad del fracaso (U.S. Department of State, 2025). El entonces presidente Petro respondió en una alocución nacional, afirmando que los datos habían sido tomados de manera errónea (Bermeo, 2025).
Cambio de tono en la relación bilateral bajo el nuevo gobierno
En el mes posterior a la posesión del presidente Abelardo de La Espriella, Colombia comenzó a recibir invitaciones a instancias de las que había estado excluida durante los dos años anteriores, entre ellas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y las reuniones preparatorias del Escudo de las Américas (Shield of the Americas-A3C). En ese marco se dieron encuentros con la iniciativa Shield of the Americas y con el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (Embassy of Colombia in the United States, 2026). Ese mismo realineamiento se manifestó, a finales de agosto y principios de septiembre (aproximadamente dos semanas antes de la fecha límite de la determinación presidencial), en tres encuentros centrados en seguridad: la visita del general Donovan, comandante del Comando Sur, en la que se acordó reforzar la cooperación operativa con el nuevo liderazgo de Defensa bajo el marco del A3C; una cumbre trilateral de frontera con el Ministerio de Defensa de Ecuador, orientada a una estrategia conjunta contra la logística, las finanzas y las rutas de los cárteles; y la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Barranquilla, en la que se revisaron los acuerdos de interdicción antinarcóticos y seguridad regional, además de firmar memorandos sobre cooperación nuclear civil y minerales críticos.
Otra reunión diplomática clave fue la sucedida el pasado 22 de septiembre, celebrada y organizada por Donald Trump con los países miembros del Escudo de las Américas; en esta reunión, el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo, quién destacó su papel para defender e impulsar los modelos democráticos en la región. En esta reunión se realizó una declaración conjunta en contra del narcoterrorismo y se ordenó la aplicación de sanciones a organizaciones criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC y el ELN (Stacey, 2026).
La determinación de 2026
La Determinación Presidencial presentada en el Congreso de los Estados Unidos el 16 de septiembre de 2026 (U.S. Department of State ) determinó que Colombia hace parte del grupo de los países con mayor producción y tránsito de drogas ilícitas. Además de Colombia, los países de la región latinoamericana que también aparecen en el listado son: Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Sin embargo, los países que fueron asignados en la categoría de “fallado demostrablemente” durante el periodo anual previo, son Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. En el caso de los últimos tres, se destaca que el proceso de descertificación se dió a través de la figura de excepción NIC, explicada anteriormente.
Un retorno a la relación bilateral basada en seguridad
Ahora, exclusivamente sobre el caso de Colombia, el gobierno estadounidense aprueba y destaca la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, considerando que su llegada al poder será positiva para los intereses estadounidenses para combatir los cultivos de coca y así mismo, la producción de cocaína. Desde Estados Unidos, la elección de De La Espriella se lee como un paso significativo para Colombia, pues le permitirá recuperar su lugar como socio estratégico para el mantenimiento del orden y la seguridad en la región latinoamericana y en general, en el hemisferio sur. Inclusive, el propio gobierno estadounidense ha señalado que si se sigue un programa intenso de erradicación de coca y se combate a las principales redes de narcotráfico del país, será levantada la condición de “fallado demostrablemente” (U. S. Department of State, 2026).
Sin embargo, este hecho tiene raíces profundas que van más allá de las cuestiones técnicas relacionadas, y es que la imposición de la medida fue tomada en virtud de un “caos” causado por el gobierno de Gustavo Petro, el cual se considera como incompetente y fallido al momento de combatir el narcotráfico en el territorio nacional y por ende, las exportaciones de droga a Estados Unidos. Si bien el programa de erradicación del gobierno anterior tuvo errores, como la falta de inversión en erradicación de cultivos ilícitos de forma manual y la reducción en las metas anuales de sustitución de cultivos, es importante destacar que en el periodo de gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se estableció el récord de incautación de toneladas de droga en la historia del país, con aproximadamente 3.400 toneladas incautadas (RTVC Noticias, 2026).
Un mecanismo que no es completamente técnico
La continuidad formal del mecanismo entre 2025 y 2026 podría leerse como evidencia de que la evaluación responde a criterios técnicos estables, sin embargo, el contraste en la justificación política sugiere lo contrario: mientras la determinación de 2025 atribuyó el incumplimiento “exclusivamente” al liderazgo de Petro (U.S. Department of State, 2025), la de 2026 traslada esa misma responsabilidad al “gobierno de extrema izquierda” saliente. Esta reformulación retórica, sin que medie un cambio estructural verificable en los niveles de cultivo de coca entre ambos ciclos, indica que el estándar de valoración no se limita al desempeño medido sino que incorpora una lectura prospectiva del alineamiento político del nuevo gobierno.
La comparación con la descertificación durante el gobierno Samper (gobierno conocidamente en oposición al alineamiento estadounidense en los noventas) y el caso venezolano (cuya salida de la lista de incumplimiento coincide temporalmente con un aumento documentado de de las importaciones estadounidenses en crudo (EIA, 2026), sin que exista una relación causal probada entre ambos hechos) no permite afirmar que el mecanismo de certificación sea instrumentalizado con fines ajenos al control de drogas, pero sí obliga a tratar con cautela cualquier aseveración que ubique la determinación como un mecanismo completamente técnico.
Para la certificación del próximo año el escenario más probable será la continuidad de la excepción NIC bajo un régimen de cumplimiento diferido: la propia determinación de este año condiciona explícitamente el retiro de la calificación de “fallado demostrablemente” a que el país demuestre avances agresivos en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de redes criminales, por lo que debe esperarse en los próximos doce meses un recrudecimiento de la política securitista, la intensificación de las operaciones militares, aéreas y marítimas contra todo tipo de actores armados, así como una comunicación política enfocada en exaltar la cooperación permanente con organismos de inteligencia estadounidenses. A ello se suma que la propia condición de “fallado demostrablemente” bajo excepción NIC amplía el margen de maniobra de Washington sobre la agenda antidrogas colombiana: al mantener la designación en un estado de cumplimiento condicionado y revisable año a año, Estados Unidos se reserva mayor capacidad de incidencia sobre las prioridades y el ritmo de la política de seguridad interna, lo que facilita que el gobierno de De La Espriella asuma como propio un plan cuyo diseño y evaluación permanecen, en última instancia, en manos externas.
BIBLIOGRAFÍA
Bermeo, L, (2025). Presidente Petro responde a Trump por descertificación a Colombia; sugirió que sus amistades tienen relación con narcotraficantes. El País.
Embajada de Colombia en Estados Unidos [@ColombiaEmbUSA]. (2026). Ambassador María Consuelo Araújo met with Special Envoy for the Shield of the Americas, Kristi Noem (@EnvoyNoem), ahead of today’s Shield of the Americas Meeting [Publicación]. X.
Gómez Maseri, S. (2026, 14 de septiembre). EE. UU. decide este martes si vuelve a certificar a Colombia en la lucha antidrogas: ¿las primeras medidas de De La Espriella convencerán a Trump? El Tiempo.
RTVC Noticias (2026, Febrero 03). El Gobierno del presidente Petro ha incautado 3.000 toneladas de cocaína. Gobierno.
Stacey, D. (2026). Colombia defiende el Escudo de las Américas impulsado por Trump: “Sirve para defender las democracias”. El País
U.S. Department of State. (2025, September 15). Presidential determination on major drug transit or major illicit drug producing countries for fiscal year 2026.
U.S. Department of State. (2026, 16 de septiembre). Presidential determination on major drug transit or major illicit drug producing countries for fiscal year 2027 [Nota de prensa]. https://www.state.gov/
U.S. Energy Information Administration. (2026). U.S. imports from Venezuela of crude oil and petroleum products [Gráfico]. U.S. Imports by Country of Origin. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_epc0_im0_mbbl_m.htm
