María Fernanda García
OPRIC

El pasado 25 de marzo, el gobernador del Estado Táchira en Venezuela, José Gregorio Vielma Mora culpó públicamente al paramilitarismo colombiano no solo por, según él, influenciar a la derecha en Venezuela sino más recientemente por ser responsable por el homicidio del suplente al consejo de Táchira, César Vera, asesinado el jueves 24 de marzo de 2016[1].

El pasado 27 de marzo la Cancillería colombiana respondió en rechazo de las acusaciones hechas por Vielma considerando que, estas se hacen sin haber realizado una investigación y por tanto con falta de pruebas. Adicionalmente, mediante este comunicado, la Cancillería solicita a Vielma sustentar sus acusaciones e invita a las autoridades venezolanas a trabajar conjuntamente contra la delincuencia y en las investigaciones para aclarar los hechos del pasado 25 de marzo[2].

Frente a lo anterior es importante recordar que la frontera de Venezuela con Colombia fue cerrada unilateralmente por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, hace ya más de seis meses y el principal argumento que llevó a tomar esta decisión fue, según Maduro, la fuerte presencia paramilitar que liados al contrabando afectaban la economía venezolana[3]. Tras el cierre de la frontera se vino una oleada de deportaciones de los no-nacionales, entre ellos miles de colombianos muchos de los cuales fueron tildados de paramilitares, sacados a la fuerza de sus hogares y devueltos a Colombia sin ningún tipo de garantías. Esta fue la solución optada por el gobierno venezolano frente a la crisis económica y de fronteras que vive Venezuela. Esto tendrá fin, según Maduro, cuando se cree una nueva política real de fronteras entre Colombia y Venezuela. Para adelantar esto y para buscar soluciones conjuntas, los mandatarios de ambos países se reunieron en septiembre del año pasado discutiendo las posibles salidas al problema en la frontera las cuales vienen a ser solo “paños de agua fría” y no soluciones reales y profundas.

Sin embargo, el problema del oficialismo en Venezuela ha sido no reconocer la crisis económica real que viven en este momento y se ha dedicado a culpar a la delincuencia común y a los paramilitares colombianos tildándolos como uno de los factores causantes de la crisis. En cuanto a esto se debe decir que el paramilitarismo y la delincuencia común, no solo actualmente en la frontera sino en todo el país no son la causa sino que han sido una consecuencia de los problemas estructurales que vive tanto Colombia como Venezuela. Problemas entre los cuales se encuentra el abandono histórico del Estado Colombiano de las regiones, las crisis económicas en ambos países que llevan a los ciudadanos a migrar de un lado al otro de la frontera, la falta de presencia estatal en zonas fronterizas, el conflicto armado interno en Colombia, la corrupción y apoyo de las fuerzas armadas a grupos delincuenciales, entre otros.

Cabe entonces preguntarse si ¿es realmente el paramilitarismo la causa de la crisis económica-política en Venezuela? ¿Cómo este afecta realmente? Y ¿si es el cierre de la frontera una solución real a un problema estructural?

La primera de las preguntas ya se respondió y sumándola a la segunda, se puede decir que la presencia paramilitar puede considerarse una consecuencia de la crisis política del gobierno de Maduro y los gobiernos de Uribe y Santos, esto se evidencia en las múltiples declaraciones por parte del gobierno venezolano de que el paramilitarismo colombiano financia y apoya a la oposición venezolana, en los testimonios de las personas que habitan en la frontera denunciando hostigamiento por parte de estos grupos y recientemente las declaraciones de Vielma, Gobernador de Táchira, culpando al paramilitarismo por el homicidio de César Vera;  y por otro lado, el contrabando se ve como una consecuencia de la crisis económica de ambos países evidenciada en el gran número de Colombianos tras la falta de oportunidades (principalmente laborales) que ven la necesidad de abandonar el país dirigiéndose a países como Venezuela donde los precios en todo bajan de manera considerable, esto último ha devenido en lo que actualmente se conoce como contrabando (compra de productos en Venezuela y venta de estos en Colombia).

Pasando finalmente al último de los interrogantes planteados anteriormente se puede decir que la solución frente al problema del paramilitarismo y del contrabando no es evidentemente el cierre de la frontera ya que esta es importante para el intercambio comercial y la migración en ambos sentidos. Además si bien el gobierno de Maduro puede evidenciar una disminución del contrabando, esto no desaparece sino que encuentra otros campos de acción. De igual forma sucede con el paramilitarismo, este no desaparece (evidentemente) con el cierre de una frontera ya que hace parte de un problema estructural que Colombia no ha podido solucionar.

Desde el punto de vista de las acciones tomadas por Colombia es posible afirmar que no han sido lo suficientemente eficientes, por un lado, las acciones de la Cancillería no han ido más allá de la emisión de comunicados y un acompañamiento parcial a las acciones del gobierno nacional. Por otro lado, la inexistencia de una política real fronteriza es el problema fundamental en esta coyuntura, sin embargo a pesar de los intentos superficiales de tratar esta crisis fronteriza como las acciones humanitarias y la acogida de los deportados, Colombia no ha sido capaz de lanzar una propuesta concreta de política fronteriza capaz de lidiar con las dos situaciones problemáticas en un comienzo planteadas. Esta pasividad del gobierno colombiano podría explicarse por el interés de este de no perjudicar el papel que Venezuela toma actualmente en el proceso de paz con las FARC por un lado, y más recientemente, como garante del proceso de paz que se iniciará con el ELN.

Para terminar es posible concluir que esta medida (cierre de frontera) tomada por el gobierno Venezolano no es la solución real  frente al problema del paramilitarismo y del contrabando y más si se siguen viendo ambos problemas como causas y no como consecuencia de una crisis. Para solucionar de fondo ambos problemas es imperativo un cambio estructural en cada uno de los países y para esto un trabajo conjunto entre ambos gobiernos y no solo echarse culpas entre sí, estos solo agudiza los choques diplomáticos que han tenido ambos Estados. Además de esto, es importante la creación conjunta de una política fronteriza capaz de tratar estos problemas anteriormente mencionados.