Jenny Tatiana Cárdenas Montaña
OPRIC

En el año 2011 con la ley 1465 se creó el Sistema Nacional de Migraciones (SNM), que respondíaa la necesidad de que el país tuviese mayor efectividad en la protección de los derechos de los colombianos fuera del territorio nacional, esto con el fin de fortalecer las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos migrantes[1]. Tal como lo plantea la ley, el SNM se propuso una importante participación de la sociedad civil, la cual se encargaría de acompañar el proceso de diseño e implementación de la política pública que tendría por objeto, regular aspectos migratorios. Por ello, es que la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil es un aspecto de gran relevancia, ya que, desde la promulgación de la ley hasta el presente año, no se había dado un paso tan grande en su implementación.

En Bogotá, se programó para el 7 de abril la primera reunión preparatoria para la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil, sin embargo, desde el mes de marzo se vienen adelantado reuniones preparatorias en otras ciudades como Ciudad de México, Madrid, Sevilla, Miami, New York, Quito y Santiago de Chile[2], las cuales son ciudades con importante representación de población migrante colombiana.

El objetivo principal de la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil es lograr una política de migración direccionada y consolidada, pues hasta la fecha, incluso después de la promulgación de la ley 1465 de 2011, esto no se ha llevado a cabo. Para ello, la Cancillería ha abierto un espacio para que organizaciones y connacionales en el exterior envíen sus propuestas, y lo que se ha encontrado en ellas, es que plantean las principales problemáticas a las que se enfrentan muchos colombianos cuando salen del país, precisamente, a causa de las falencias en la consolidación de una política de migración efectiva que de garantía a sus derechos por fuera del territorio nacional. 

En primer lugar, es repetitiva la denuncia de situaciones discriminatorias en otros países hacia connacionales. En una propuesta enviada por FIPACOL, se describe cómo en los aeropuertos mexicanos, los colombianos son recibidos bajo estigmas denigrantes, «son marcados como narcos, paramilitares, guerrilleros y considerando que todas las mujeres son prepagos»[3], aumentando así, los controles y el acoso por parte de las autoridades migratorias.

Por otro lado, se resalta la falta de consulados y embajadas para el acercamiento de Colombia hacia sus nacionales en otros países, principalmente en aquellos en los que podrían establecerse lazos de cooperación sur-sur, resaltando específicamente a Latinoamérica y Centroamérica en donde el número es considerablemente bajo.

Existe un aparente desinterés del Estado por conocer cuantitativa y cualitativamente la población que se encuentra dispersa en el mundo; no se encuentran estadísticas exactas sobre los migrantes colombianos, lo cual es un factor que explica la falta de programas y proyectos de acompañamiento de los nacionales en el exterior, esto en cuanto a la necesidad de ubicación laboral y oportunidades estudiantiles[4]. Sumado a esto, también se ha dicho, que los colombianos que se encuentran en el exterior no tienen fácil acceso a información que les permita conocer a cerca de sus derechos, deberes y oportunidades como nacionales.

Esta participación de la sociedad civil para la modificación del SNM, es parte de una estrategia del gobierno que pretende estrechar los lazos entre el Estado y los colombianos alrededor del mundo bajo el programa de la Cancillería, «Colombia Nos Une». Lo cual, cobra una importante relevancia ahora que el país se encuentra  en su etapa preparatoria para el post-conflicto, pues como se ha señalado en una de las problemáticas, el conflicto interno colombiano, ha propiciado en una medida significativa la estigmatización de los connacionales y difundido una imagen negativa que debe ser transformada, con el propósito de cumplir en materia de construcción de paz.

Por otro lado, este escenario de post-conflicto que se prevé con la firma de los acuerdos de paz, pone también como desafío la reparación de las víctimas en la modalidad de desplazados que han migrado a otros países huyendo de la guerra y en la búsqueda de nuevas oportunidades. Aquí, según las propuestas de la sociedad civil que han llegado para la consolidación del SNM, señalan la importancia del acompañamiento jurídico y económico para adelantar procesos de repatriación y restitución de tierras para aquellos que migraron como consecuencia directa o indirecta del conflicto armado interno. Lo cual, es también una aproximación a la paz que se quiere lograr.

Finalmente la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil es un gran avance en la consolidación del SMN como un instrumento real de protección de los ciudadanos colombianos en el extranjero y el posicionamiento de Colombia a nivel internacional como un país garantista de los derechos humanos, en cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el que propende Colombia de conformidad con su papel como miembro de la ONU.