Sara Daniela Mendoza Briceño - Universidad Nacional de Colombia
Juan Pablo Moyano Riaño - Universidad Nacional de Colombia
Mientras la población colombiana atendía la emergencia generada por el terremoto, el cual al 22 de agosto reportaba un aproximado de tres centenares de muertos (El Colombiano, 2026) La Cancillería, horas después del suceso, hizo pública la decisión de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán por medio de su cuenta de X. En el comunicado se indica que dicha decisión constituye para el Estado de Israel “un componente esencial de su defensa nacional y de su capacidad para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos”(Cancillería, 2026).
Es así que Colombia se convierte en el segundo país, después de Estados Unidos, en reconocer la anexión de este territorio al Estado de Israel. De hecho, una de las banderas de la campaña de Abelardo De La Espriella fue el restablecimiento de las relaciones con Israel, compromiso que se ha consolidado a través de diferentes acciones, tales como: la eliminación del visado para ambos países, la transferencia de la embajada de Colombia a Jerusalén, el restablecimiento de las exportaciones de carbón a Israel y por último, el reconocimiento de los Altos de Golán como parte del dominio israelí (BBC, 2026).
No obstante, dicha decisión generó descontento en países pertenecientes a la Liga Árabe, tales como Arabia Saudita, Catar, Siria y Palestina, así como en países fuera de esta organización política, como lo es Turquía. Dichos países a través de sus cuentas de X manifestaron su rechazo y condena ante la decisión del gobierno entrante, cuestionando la posición del Estado colombiano por desconocer las normas internacionales y las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas (El Colombiano, 2026). Asimismo, Siria señaló lo comentado por Antonio Guterrez, secretario general de Naciones Unidas, el cual afirma que los Altos del Golán son parte íntegra del territorio sirio y que las acciones que puedan afectar la soberanía de dicho territorio y su integridad son inaceptables (El Colombiano, 2026).
Dicho accionar permite observar que la política de Colombia estará guiada y condicionada por los intereses de Estados Unidos e Israel, rompiendo con las dinámicas del gobierno anterior y presentando al país como un aliado estratégico en América Latina de ambos Estados por los próximos cuatro años.
Los Altos del Golán, un territorio en eterna disputa
La disputa de los Altos del Golán no es un asunto nuevo, este conflicto se remonta a 1967 con la Guerra de los Seis Días, un enfrentamiento entre la alianza de Siria, Egipto y Jordania contra Israel, el cual resultó vencedor. Esta victoria le permitió a Israel expandir su territorio, en el cual expropió a Egipto de la península del Sinaí y la Franja de Gaza, arrebató los Altos del Golán a Siria y ocupó Cisjordania (Bermúdez, 2017). Sin embargo, la expansión no fue el único lucro conseguido, ya que a través de la transformación geopolítica generada, Estados Unidos logró consolidar su presencia en el Medio Oriente, debido a que se convirtió en el principal proveedor de armamento a Israel después de 1967 y se convirtió en el principal mediador en las negociaciones árabe-israelíes (Bermúdez, 2017).
Posterior a la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU emite la Resolución 242 del 22 de noviembre de 1967, en la cual se expresa la preocupación respecto a la situación de Oriente Medio. A través de este documento, se declaró de manera unánime el rechazo de la adquisición de los territorios por medio de la guerra por parte de los Estados miembros (Naciones Unidas, 1967).
Aún así, este no fue el único conflicto en este territorio. En 1973 se libró la Guerra de Yom Kipur, un combate nuevamente encabezado por la alianza entre Egipto y Siria contra Israel, el cual fue tomado por sorpresa. La finalidad de la unión árabe era la recuperación de aquellos territorios de los que fueron despojados por Israel, la apertura del canal de Suez y además, demostrar que Israel no era un país completamente invencible (Bermudez, 2023). Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos hicieron presencia en dicha contienda a través del suministro de armamento y ayuda militar (Bermudez, 2023). A raíz de este último enfrentamiento, el Consejo de Seguridad de la ONU emite la Resolución 338 de 1973, en la que buscaba el cese al fuego, el inicio de diálogos de paz entre las partes presentes y la implementación de la resolución 242 de 1967 (Naciones Unidas, 1973).
A pesar de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 1981 Tel Aviv formalizó la integración de los Altos del Golán a su sistema administrativo (Bustamante, 2026). Debido a esta acción, el Consejo emitió la Resolución 497 de 1981, en la cual se reafirma que “la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad” (Naciones Unidas, 1981).
A través de dicho documento, se declaró por unanimidad de los Estados miembros que el accionar de Israel sobre los Altos de Golán como territorio sirio era nulo y no tenía efecto alguno (Naciones Unidas, 1981). Cabe recordar que Estados Unidos formaba parte de esa declaración de unanimidad. No es hasta el 2019, en el primer mandato de Donald Trump, que Estados Unidos decide ser el primer país en romper este consenso y declarar la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.
Ruptura de la tradición al respeto del Derecho Público internacional
La decisión del gobierno de De la Espriella no solo representa un giro en la política internacional; este acto representa un quiebre con la tradición de distintos gobiernos anteriores, en los cuales el respeto al Derecho Internacional Público y el respeto de las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son una política de Estado, sin depender del talante ideológico de la administración del momento, por lo que al dar este viraje pareciera que el gobierno colombiano plantea que la seguridad de un Estado puede justificar el reconocimiento de un cambio territorial producido mediante la guerra (Niño, 2026) a diferencia del caso de la invasión de Rusia a Ucrania donde la política exterior colombiana no ha hecho ningún reconocimiento a la adquisición de Crimea o el Donbás, sino que ha seguido una posición respetuosa con la Carta de Naciones Unidas.
Históricamente, Colombia formó parte de la tradición latinoamericana de resolución pacífica de controversias territoriales mediante la concertación y el arbitraje internacional, una conducta cuyo último antecedente bélico por causas limítrofes se remonta a la guerra colombo-peruana (1932-1933). No obstante, esta arraigada devoción por el derecho público internacional comenzó a dar muestras de erosión tras el fallo de 2012. En aquella ocasión, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) redefinió los límites marítimos en el Caribe cediendo aproximadamente 75.000 km² de zona económica exclusiva y plataforma continental a Nicaragua. Como respuesta, Colombia denunció el Pacto de Bogotá de 1948; una decisión que, si bien no significó un abandono de la CIJ ni de los tribunales de La Haya sí elimina la obligatoriedad automática de comparecer ante la Corte frente a eventuales demandas de otros Estados hemisféricos ya que lo que hace el pacto en si es un mecanismo para que los Estados panamericanos comparecieran ante la corte de ser llevados a una controversia y no solo para asuntos limítrofes . Así, aunque la controversia de 2012 aún se encauzó mediante los instrumentos jurídicos del sistema internacional (Angarita Navarrete, 2016), el retiro del tratado multilateral evidenció la agonía de una vieja tradición irrestricta de apego al arbitraje jurisdiccional cuando este compromete la soberanía nacional.
El desconocimiento de la resolución 497 de 1981 del Consejo de Seguridad y de la posterior resolución de la Asamblea General (A/C.4/79/L.15) sobre “El Golán sirio ocupado” en la cual (Estados Unidos, Israel, Argentina, Tonga, Papúa Nueva Guinea) fueron los únicos en votar en contra y determinando que “todas las medidas y acciones legislativas y administrativas adoptadas o que se adopten por Israel, la Potencia ocupante, que pretendan alterar el carácter y el estatus jurídico del Golán sirio ocupado son nulas y sin efecto…”. Es también un desconocimiento de los principios del derecho internacional, entre ellos la doctrina según la cual no es admisible que un Estado adquiera territorios por la fuerza; esta doctrina es una de las bases del derecho internacional, a la cual Colombia orientó su política exterior a la adhesión a dichos principios, además de estar plasmada en el derecho internacional a través del artículo 2.4 de la Carta de la ONU. No representa un simple cambio de postura, sino el desconocimiento de la tradición de Estado, además de darle la espalda a principios rectores de los principios internacionales aceptados por Colombia, lo cual genera incluso un roce con el artículo 9 de la Constitución donde se dicta que dichos principios son los rectores de las relaciones exteriores (Uprimny, R. 2026). El ir en contra de estos principios podría poner a Colombia en una posición de paria entre sus pares del sur global.
El rechazo y la condena del mundo árabe a Colombia
Las reacciones de la comunidad internacional no se hicieron esperar, Siria expresó su «fuerte condena» a la declaración del Gobierno colombiano, postura a la que se sumaron Catar, Arabia Saudita y Turquía. Adicionalmente, la medida generó el rechazo de países como Egipto y del conjunto de las 22 naciones de la Liga Árabe, las cuales insistieron en que el gobierno de De la Espriella debe “retractarse de esta declaración y rectificar su postura”, en concordancia con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Asimismo, Siria, el país directamente involucrado en la controversia, presentó una nota de protesta ante el Consejo de Seguridad frente a la decisión de Bogotá.
Por su parte César Niño, experto en Medio Oriente, considera esta decisión como “un punto de quiebre” en la historia diplomática colombiana. El especialista advierte que esto puede resultar muy peligroso al tratarse de un acto “considerado a todas luces como una acción ilegal”, y plantea que para estos países, no es un mero cambio de posicionamiento sobre un tema menor, sino el aval a la impunidad de un Estado expansionista como Israel ante la comunidad internacional (Niño, 2026).
¿Cómo queda el estatus de Colombia frente a la comunidad internacional y el derecho internacional?
La decisión adoptada por el gobierno de Colombia de reconocer los Altos del Golán no solo es un gesto de alineación, sino que es una acción con la cual rompe con una tradición de décadas de neutralidad respecto a los conflictos territoriales y de respeto a los consensos de la comunidad internacional expresados en los documentos oficiales de los organismos internacionales como la ONU. De La Espriella, con esta decisión, sienta un precedente para la política exterior del país, Margarita Cadavid expone que Colombia rompe con una política exterior prudente frente a este tipo de disputas (Bustamante, 2026).
Históricamente, Colombia ha sido un país que se ha abstenido de reconocer la anexión de territorios de manera unilateral, ejemplo de este accionar es Ucrania, territorio que fue adjudicado de manera unilateral por parte de Rusia. Asimismo, ha votado en la ONU a favor de las resoluciones en las cuales condena las ocupaciones por la fuerza. Esto permite observar que la política exterior colombiana durante los próximos años tendrá una postura reaccionaria y encaminada a los intereses ideológicos de los países a los cuales se encuentra alineado.
A su vez, esta decisión supone una doble ruptura con la política exterior del gobierno de Gustavo Petro, ya que en el año 2024 decidió romper relaciones con Israel debido al genocidio en contra de Palestina en Gaza. Mientras la ruptura realizada por Petro tuvo un sentido humanitario, fundamentado en la denuncia de la violación de derechos humanos, la de La Espriella responde al afán de borrar las decisiones del anterior gobierno y desligarse completamente de ellas, con el fin de alinearse incondicionalmente a los intereses de Washington.
Esta respuesta evidencia una dependencia que responde a demandas internas y a la búsqueda de concesiones claves con EE.UU en asuntos prioritarios para la administración, tales como la seguridad, el comercio o apoyo diplomático en la región. Daniel Abundis explica que esta decisión no solo marca una ruptura con la administración de su antecesor respecto al tema palestino, sino que también “habla de una influencia que el sionismo está ganando en algunas partes de América Latina …donde los proyectos cada vez más se vinculan con estas élites israelíes y sionistas mediante posicionamiento políticos y estratégicos” (Bustamante, 2026).
Con este acto, Colombia profundiza ante el mundo su postura como un fiel aliado de Estados Unidos e Israel. Al no responder a negociaciones ni a una solicitud explícita de estas potencias, su decisión se configura como una medida unilateral que vulnera el consenso y los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas a ojos de la comunidad internacional. De este modo, el país no solo demuestra su disposición a romper con la tradición histórica de su política exterior, sino también, a desafiar e incluso distanciarse de los organismos internacionales que condenan el accionar de sus principales aliados. Todo esto ocurre a costa de asumir una postura crecientemente aislada en escenarios multilaterales, como el propio Consejo de Seguridad de la ONU, donde ocupa un asiento como miembro no permanente hasta el 31 de diciembre de 2027, y de contribuir al paulatino deterioro del sistema de derecho internacional, en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de la legalidad internacional, ignorando las normas, los compromisos y los principios establecidos en la Carta de la ONU.
Colombia como aliada de Israel y su relación a futuro con el mundo árabe.
A pesar de que el declarar el firme apoyo a Israel no plantea una enemistad automática con los países árabes, sí es un factor a tener en cuenta; ya que estos países no han sido actores menores internacionalmente, sino que su influencia diplomática e incluso comercial ha crecido de manera constante. Para 2024, los países miembros de la Liga Árabe tuvieron un peso de US$1.186 millones en la canasta exportadora de Colombia, con productos como oro, café, flores, banano y cacao, esto versus el peso de Israel, que para el mismo periodo compró a Colombia US$272,87 millones (Salazar, 2026). Por lo tanto, cabe preguntarse hasta qué punto se pondrán en riesgo las buenas relaciones de Colombia con estos países o cuál será el impacto en los compromisos internacionales en los que participa la Nación. Un ejemplo de ello, es la Fuerza Multinacional de Observadores (MFO), creada a raíz del Tratado de Paz Egipcio-Israelí de 1979. Debido a la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se optó por esta misión independiente en la que Colombia participa hasta el día de hoy mediante el envío continuo de un batallón a la península del Sinaí, como consecuencia directa de los conflictos árabe-israelíes.
En conclusión, esta decisión adoptada sin mayor atención en medio de una crisis humanitaria interna tras un desastre sísmico, posiciona a Bogotá como un actor subordinado a los intereses de Washington y Tel Aviv, como ha pasado en otros asuntos como comercio y seguridad. El gobierno de De La Espriella compromete severamente su legitimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU y tensa las relaciones con la Liga Árabe y Turquía. Dicha fricción diplomática no solo expone al país a un aislamiento en escenarios multilaterales, sino que entraña un riesgo asimétrico en cuanto a ser un país mediano en contra del consenso internacional, por lo que cabe cuestionarse hasta qué punto la nueva administración pone intereses de ciertos sectores económicos como el minero energetico y el armamentistico por encima de los principios internacionales, y hasta qué punto esto puede afectar intereses de Colombia con otras naciones y con el sistema de derecho internacional, cabiendo la pregunta de hasta qué punto la administración de De La Espriella está dispuesta a la administración Trump e Israel y si se está dispuesto a pagar el precio diplomático por ello.
Lo planteado anteriormente proyecta dos escenarios estratégicos. En el primero, el afianzamiento de la relación de Colombia con Israel y Estados Unidos comprometería su legitimidad internacional y erosionaría los nexos con el mundo árabe, incluyendo a potencias como Turquía y Arabia Saudita. En el segundo, esta postura socavaría la posición del país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, arriesgando apoyos clave en causas de interés nacional como la lucha contra el narcotráfico y el proceso de paz. Además, este alineamiento irrestricto tensionaría la cooperación con la Unión Europea por discrepancias en materia de derechos humanos y derecho internacional, al tiempo que enfriaría los lazos con China, limitando la diversificación económica e infraestructura crítica y relegaría a Colombia en los procesos de integración latinoamericana, subordinando la política fronteriza a iniciativas estadounidenses como el Escudo de las Américas.
Bibliografía
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Uprimny, R. (2026). Un terremoto en nuestras relaciones internacionales. Dejusticia. [https://www.dejusticia.org/column/un-terremoto-en-nuestras-relaciones-internacionales/](https://www.dejusticia.org/column/un-terremoto-en-nuestras-relaciones-internacionales/)
Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: Van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos (2026, agosto 18). El Colombiano. [https://www.elcolombiano.com/amp/colombia/terremoto-colombia-replicas-fallecidos-heridos-desaparecidos-LG40025187](https://www.elcolombiano.com/amp/colombia/terremoto-colombia-replicas-fallecidos-heridos-desaparecidos-LG40025187)
Anexos
Moyano, J. y Mendoza, L. (2026, 18 de agosto). Trump como estrella polar: alineamiento, arancel y la ilusión de la reciprocidad en Colombia. OPRIC. https://www.opric-unal.org/index.php/ultimas-publicaciones/2388-trump-como-estrella-polar-alineamiento-arancel-y-la-ilusion-de-la-reciprocidad-en-colombia
