La tendencia alrededor de la expulsión de migrantes sigue consolidándose en el ámbito global. Desde escenarios como la Unión Europea y Estados Unidos, esta política ha venido desarrollándose incluso en contra de algunos acuerdos internacionales como el acuerdo de Marrakech de 2019.


El litigio entre Colombia y Nicaragua que se resuelve actualmente en La Haya ha adquirido un mayor interés entre los colombianos tras la declaración de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 17 de marzo en la cual se considera competente para atender las demandas. Como respuesta a esta declaración, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dejó claro que no reconocía esta competencia de la Corte y que solucionaría el conflicto con Nicaragua mediante la negociación directa. El presente artículo se dispone analizar esta decisión de no comparecer ante la Corte y frente a esto, las consecuencias tanto políticas como jurídicas que esto puede traer.
La propuesta de la eliminación de la visa de turismo Schengen fue realizada por el presidente español Mariano Rajoy en 2013 y se formalizó el pasado 2 de diciembre de 2015 con la firma del Presidente Juan Manuel Santos en Bruselas, Bélgica. Este acuerdo permite la entrada a 30 países europeos entre los cuales se encuentran: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, entre otros
Por errores de procedimiento la Corte Constitucional declaró el pasado 2 de Marzo inexequible la Ley 1749 de 2015 por la cual se aprobaba el “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico” que había sido suscrito en Cali, en el año 2013, durante la VII cumbre de este bloque regional. Frente a esto surge, entonces, la inquietud sobre qué implicaciones tendrá para Colombia ya que todo indica que el país no podrá participar de este fondo hasta que no se tramite una nueva ley. Pero más allá de esto resulta conveniente preguntarse acerca de la manera en la que se están dando trámite a las leyes en materia de relaciones internacionales y política exterior del país, en la medida en que no es la primera vez que una ley de este estilo es tumbada por vicios de procedimientos.
Uno de los objetivos fundamentales en materia de política exterior, que el Estado Colombiano ha intentado consolidar desde hace aproximadamente una década