Julián Darío Bonilla Montenegro
OPRIC
La semana pasada en el país se observó con estupor los argumentos presentados por el abogado Rafael Nieto Loaiza en el caso que él, como agente del Estado colombiano, lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) en relación a la toma y retoma del Palacio de Justicia. Fueron sorprendentes los alegatos por la poca claridad argumentativa, la debilidad de la conexión entre las ideas que se planteaban para mantener una posición en defensa del Estado, pero, sobre todo, porque llegó a extremos como el de negar la existencia de desaparecidos durante la retoma llevada a cabo por miembros del ejército los días 6 y 7 de noviembre de 1985, así como la negación de que el Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán fuera asesinado con un tiro a quemarropa[1].
Cristian Chacón Herrera
OPRIC
La Canciller María Ángela Holguín fue invitada a un programa radial ante la aparición de diversos temas en materia de política exterior que han golpeado fuertemente la imagen de la Cancillería como institución que maneja dicha materia. El tema de los pescadores en San Andrés y las tensiones con Nicaragua, la defensa colombiana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH), el descenso de la imagen de la gestión de este ministerio por parte de la opinión pública y los “impasses” diplomáticos recientes fueron los temas tocados por la ministra en la entrevista hecha por la emisora Blu Radio. A continuación, se hará un análisis respecto a lo dicho por la ministra a las preguntas realizadas.
Christian Chacón Herrera
OPRIC
En los últimos días se viene atizando la tensión en la nueva zona fronteriza delimitada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Colombia y Nicaragua debido a la “expulsión” e “intimidación” de las autoridades nicaragüenses a las embarcaciones de pescadores colombianos. En medio de varias posiciones, el gobierno colombiano ha anunciado no solo el apoyo a las embarcaciones nacionales sino una estricta vigilancia de la Armada en dicha zona.
Julián Darío Bonilla
OPRIC
A pesar de la conmoción que se significó el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia contra Colombia, por la demanda presentada por Nicaragua en octubre de 2001, todavía se encuentra vigente la demanda que contra el mismo órgano jurisdiccional internacional presentó Ecuador en el año de 2008 en relación con la aspersión de glifosato en la zona fronteriza. Lo anterior, a pesar de haber sido parte de una serie de disputas entres los gobiernos de Rafael Correa y Álvaro Uribe y pese a haber reanudado las relaciones diplomáticas con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia colombiana en el año 2010, el proceso se mantiene vigente y el gobierno colombiano no está al tanto de las acciones procesales ni los posibles resultados de un fallo que podrá producir la Corte Internacional de Justicia en los próximos años.
