Danna Giselle García Rendón
OPRIC
En el marco de un evento que tuvo lugar en el departamento de Amazonas el día 4 de agosto, específicamente en la zona comprendida entre la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú, el presidente Iván Duque sancionó la nueva Ley de Fronteras, junto con la Política Integral Migratoria y la ley que endurece los delitos ambientales. Inicialmente, el proyecto de Ley de Fronteras fue presentado en noviembre del 2019 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, atendiendo a las necesidades expresadas por gobiernos departamentales y locales, comunidades indígenas, raizales y pueblos Rrom, en medio de las comisiones regionales para el desarrollo de las fronteras[1]. El objetivo principal de la nueva Ley 2135 del 4 de agosto del 2021 (Ley de Fronteras) es el de fomentar el desarrollo integral y diferenciado de los departamentos, como una deuda histórica que sigue estando presente, pese a la conocida ley 191 de 1995 y el CONPES 3805. En este sentido, es necesario preguntarse por sus posibilidades y principales alcances, teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido la política fronteriza en Colombia.
Nestor Camilo Carvajal Villalba
OPRIC
El pasado 4 de agosto el presidente Ivan Duque finalmente dio sanción presidencial a dos leyes primordiales para la política exterior colombiana: la Ley de Fronteras y la Ley que regula la Política Integral Migratoria (PIM)[1], la puesta en vigencia de estas leyes se da en un momento álgido para ambos asuntos que son, sin duda, complementarios.[2] Por un lado, la migración venezolana ha sido un problema primordial en los últimos años para el Gobierno y la nueva ley llega con la finalidad de articularse con el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, por otro lado, una ley de Fronteras era una necesidad imperante en miras a mejorar la perspectiva de vida y el desarrollo en las regiones de frontera. Entre otros asuntos, estas normas llegan también para brindar un norte mas claro ante la critica situación de migrantes (principalmente haitianos) con destino a Centro América y a Norte América, atrapados en Necoclí en la frontera con Panamá[3].
Juan Manuel Ñustes
OPRIC
Recientemente, el 28 de julio del presente año, la Cancillería llamó a consultas al embajador de Colombia en Nicaragua, argumentando su defensa de los principios democráticos que fundamentan las relaciones de los Estados firmantes de la Carta de la OEA, respondiendo a la violación de los derechos civiles y políticos por parte del gobierno nicaragüense tras presentarse la detención de opositores políticos en un contexto próximo a las elecciones presidenciales[1] [2]. No obstante, parece una decisión bastante tardía, dado que en la Asamblea General de la OEA, en su cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones (2019), resolvió aprobar la resolución AG/RES 2943 que ponía en cuestión las preocupaciones de los Estados miembros sobre la situación de Nicaragua y el deterioro de su democracia, consigo exigía la liberación de presos políticos, petición que continuó con la resolución AG/RES 2962 en 2020[3] [4].
Andrea Caterine Solórizano
OPRIC
Después de varias negociaciones frustradas entre el gobierno de Venezuela y la oposición, como la mesa desarrollada en Santo Domingo en 2016 y el proceso de Barbados en 2019, surge el anuncio de una nueva negociación en México con mediación de Noruega y Estados Unidos con el propósito de superar la crisis del país caribeño[1] a través de un acuerdo nacional.
