Danna Giselle García Rendón
OPRIC
La situación humanitaria de Colombia vivida en los últimos dos años con el gobierno de Iván Duque no sólo desvela una intensificación de los repertorios de violencia en el país, sino que además permiten revelar una vuelta al pasado donde se han disimulado las causas políticas y sociales de un conflicto armado prolongado y sus efectos sociales, ante una visión oficial de carácter reactivo por una posible imagen negativa de Colombia en materia de derechos humanos en el escenario internacional. Esto es demostrado en las limitadas reacciones y pronunciamientos del gobierno nacional frente a las numerosas masacres y asesinatos de líderes sociales en el 2019 y en lo recorrido de este año, dando muestra de una situación desconcertante en las zonas más abatidas por el conflicto armado luego de la firma de los acuerdos de paz y su lenta implementación.
Valentina Acero Morales
Nestor Camilo Carvajal Villalba
OPRIC
Tras la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero en noviembre de 2019 por las presiones políticas en su contra[1], el presidente Ivan Duque se vio en la necesidad de ajustar su gabinete de ministros llenando el vacío que dejó Botero en el Ministerio de Defensa con el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, y a su vez, nombrando nueva canciller a la caleña Claudia Blum el 12 de noviembre de 2019. Desde entonces ha sido Claudia Blum la encargada de manejar los temas de relaciones exteriores, pero, aunque ella es está al mando de estos temas, en la agenda exterior colombiana y en las apariciones internacionales de Colombia su cargo ha brillado precisamente por su ausencia. Pareciera que su nombramiento se corresponde con una dinámica de acaparamiento de funciones que cada vez más se le señalan al presidente; y es que las apariciones de Blum son apenas notorias y sus intervenciones pierden peso y relevancia ante las declaraciones del presidente y otros funcionarios frente a cuestiones internacionales prioritarias como las relaciones con Venezuela, las negociaciones de la vacuna del COVID, las problemáticas en fronteras, etc.
Danna Giselle García Rendón
OPRIC
El proceso de extradición y deportación del narcotraficante y ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, ha permitido de nuevo sacar a la luz los problemas políticos y sociales que ha dejado consigo el conflicto armado y la estructura paramilitar en el país; pero a la vez, los descuidos y desaciertos que el gobierno colombiano ha tenido en este proceso representa un revés en contra de la construcción de paz, la reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado. El proceso judicial que está enfrentando actualmente Salvatore Mancuso se constituye en un caso emblemático de cara a la construcción de la memoria de las víctimas, teniendo en cuenta que las secuelas de la dinámica paramilitar en el conflicto armado ha sido poco visible desde la mirada nacional, y estos perpetradores armados han tendido a eludir su responsabilidad desde la acción judicial, siendo estos los responsables de ejecutar en mayor medida masacres, desapariciones forzadas, y asesinatos selectivos[1].
Nestor Camilo Carvajal Villalba
OPRIC
Las relaciones entre Colombia y Venezuela han tenido un deterioro constante y progresivo en los últimos años, que encontraron un descanso en algún momento del gobierno Santos durante el proceso de paz, pero que en general se han caracterizado por su fragilidad y hostilidad. Relaciones que desde el 23 de febrero de 2019 se encuentran rotas y que al parecer se ubican ad portas de una nueva etapa debido al fracaso indiscutible de la estrategia del “cerco diplomático”[1] y el delicado deterioro de las relaciones entre ambos mandatarios. En este contexto, el pasado 20 de agosto el presidente Iván Duque en el programa “Compromiso por el futuro de Colombia” aseguró que el régimen venezolano estaría comprando misiles de mediano y largo alcance a Irán[2], una afirmación que luego fue replicada y “confirmada” por otros gobiernos entre ellos el gobierno estadounidense[3].
