Carlos David Higuera Villalba
OPRIC
El acuerdo de Escazú[1]hace parte de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en la que se busca adelantar diferentes acciones en asocio internacional para hacerle frente a los cambios de carácter ambiental que sufre el mundo, asumiendo lo ambiental como un problema de carácter transnacional, que hoy en día Colombia no ha firmado. En el presente escrito se aborda las implicaciones internacionales de Escazú que motivan a que el Estado colombiano no suscriba esta convención internacional, escenario en el que se distingue una tensión entre lo local y lo internacional que disminuye la importancia de lo Estatal, en otras palabras, se pretende demostrar que la no suscripción al acuerdo de Escazú del Estado colombiano se presenta como el medio en que el ordenamiento Estatal se impone en las relaciones civiles, pues, desde los acuerdos internacionales que regulan derechos fundamentales se resta importancia a las decisiones estatales, en procura de un marco de regulación común a los diferentes Estados.
María Lucía Acevedo Rodríguez
OPRIC
Uno de los acuerdos más ambiciosos de la región responde a los retos de este nuevo siglo, en coherencia con la declaración de Rio de finales de siglo XX sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, nace el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como acuerdo de Escazú. Es particular el análisis que se puede desarrollar teniendo en cuenta la postura de un gobierno como el Colombiano ante este acuerdo, debido al ámbito temático tan álgido y coherente con la coyuntura, que propone -la importancia de los derechos ambientales y quienes los protegen-, al menos en lo que respecta al caso nacional.
María Lucía Acevedo Rodríguez
OPRIC
Resulta irrisorio pensar que en este mundo moderno, el mundo de las comunicaciones y la hiperconectividad, aun quedan espacios vacíos irresueltos para integrar nuestras visiones; decir que Sudamérica -la del subdesarrollo, la de la colonia, la que no es América- ha tenido intentos fallidos para contrarrestar la visión de múltiples rostros que se refleja como en un espejo fragmentado es muestra de lo que dirá en este trabajo. En consecuencia, y a razón de un evento conmemorativo, vale la pena hacer notorio- en sus falencias y virtudes- uno de los intentos que han tenido los Estados sudamericanos para llegar a consolidar un proyecto regional que se afane por solventar problemáticas y proponer soluciones en el marco de acuerdos estatales. Tal es el caso de La Comunidad Andina, que aún con su longevidad como organismo internacional, es evidencia de las razones de causalidad en los intentos truncados de conformar un proyecto regional de integración en América Latina.
Camilo Esteban Miranda
OPRIC
En dialogo con el Tiempo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, plasmó la preocupación que tiene el ente multilateral sobre Colombia, al afirmar que el país” está llegando al límite en recepción de venezolanos”[1]. La crisis venezolana, es considerada por Almagro la prioridad en la agenda política regional, pero esta no es una consideración coyuntural, sino continuada. Este interés por el país caribeño le ha llevado a concentrar la atención de la organización interamericana, hacia determinados problemas del hemisferio en función de su relación con la situación de Venezuela. Colombia no escapa de esta dinámica, pareciendo que solo cobran relevancia internacional sus dificultades y conflictos en tanto imputables al vecino.
