Nicolás Martínez P.
OPRIC

La creación de una instancia independiente que lucharía contra el crimen organizado fue el mayor resultado de la reunión ministerial de los países de Unasur que tuvo lugar el Jueves 3 y viernes 4 de mayo en Cartagena de Indias.

La cita congregó a 27 ministros y seis viceministros de defensa, justicia, interior y de relaciones exteriores quienes llegaron a tres puntos de acuerdo, entre ellos: ‘1. Fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus manifestaciones (...) 2. La creación de un consejo con el propósito de fortalecer la cooperación en materia de Seguridad Ciudadana, de Justicia, y la coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (...) 3. Recomendar la creación de un grupo de Trabajo que elabore con el apoyo de la Secretaría General de Unasur el estatuto y el plan de Acción de dicho Consejo’ [1]

Esto dejaría entonces a la expectativa la creación efectiva de dicho Consejo por parte de las jefas y jefes de Estado, y en esa misma medida la asignación de presupuesto a este mismo consejo, aspecto trascendental teniendo en cuenta que las declaraciones de buenas intenciones son las que más pululan en las relaciones interestatales y sobre todo en las organizaciones multilaterales, en contraste con los hechos reales.

La definición de esto, sería la clave para seguir evaluando la tendencia de la política exterior colombiana –la de seguir los lineamientos estadounidenses, sobre todo en lucha contra el narcotráfico-, y en general el grado de importancia que se le da a la lucha contra el crimen organizado por parte de los países de Suramérica. Sin embargo hay que tener en cuenta que estos procesos no son ajenos y no deben considerarse al margen de los otros procesos políticos de los cuales hacen parte estos países como de la Organización de Estados Americanos OEA o la Cumbre de las Américas, aunque sean procesos que se plantean regionalmente como una alternativa en donde pueden haber mayores convergencias y en donde se busca un espacio al margen de Estados Unidos.

En ese sentido es importante ver cuál será el resultado de la investigación ‘técnico científica’ acerca del tratamiento que se le debiera dar al narcotráfico, que se delegó a la OEA, en la pasada cumbre de las Américas –quizás el único resultado de dicha cumbre-; ya que teniendo en cuenta que el narcotráfico actualmente es uno de los negocios más importantes del crimen organizado (conjunto al tráfico de armas y el tráfico de personas); además tomando en consideración que todos los países miembros de Unasur hacen parte de la OEA y se reúnen en la Cumbre de las Américas, es importante ver en ese sentido qué posición tomaran los países suramericanos con respecto al resultado de dicho estudio, y asimismo los efectos que tendrá ese estudio sobre el que sería el nuevo consejo que sería llamado “Consejo Suramericano de Seguridad Pública y lucha contra la Delincuencia Organizada Trasnacional” y la definición de su política. Este nuevo consejo desplazaría al actual Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, el cual abordaría esta temática solamente desde el ámbito de la salud pública[2].

Un segundo aspecto importante a tomar en consideración, también es el interrelacionamiento de estos procesos multilaterales propios de la región suramericana con otros procesos bilaterales de cooperación contra el crimen organizado como lo sería en el caso colombiano, el “plan Colombia” y además con otras regiones vecinas que también son duramente afectadas por problemas de crimen organizado como lo es Centroamérica. Esto pondría a nivel nacional a cada país a replantearse su política de seguridad para que hubiese una concordancia entre lo que se plantea en una organización y las relaciones interestatales que se llevan con los otros países.

Un último tema trascendental es el planteado por Moisés Naim frente a la cooptación de las mismas estructuras criminales realizada por los Estados para realizar sus objetivos[3]. Es trascendental para la consecución de ese ideal ‘de acabar con el crimen organizado’ ahora rescatado por Unasur, que se reconozcan todos los lugares que ha logrado ocupar ese crimen organizado incluyendo al aparato estatal. Por supuesto no debe caerse en esa lógica maniqueista que acusa inmediatamente un gobernante de turno de criminal porque haya estructuras criminales en alguna parte del Estado, como por ejemplo a nivel regional; eso sería desconocer la complejidad y la inmensidad del aparato estatal. Sin embargo sería un punto que debería tomar en consideración Unasur si quiere luchar efectivamente contra el crimen organizado.

Ahora, es evidente que dicho punto no se haya abordado en la reunión ministerial por ser demasiado espinoso, y además porque choca con el principio de no intervención en asuntos internos de los países; no obstante la complejidad del problema hace que la organización deba conciliar dichos puntos para que se haga efectiva la lucha contra el crimen organizado y que no sé quede en el simple papel como una declaración que algún día se deba alcanzar. Por ahora queda  ver que se concretará en la reunión de los cancilleres que tendrá lugar el 11 de Junio en Bogotá y por supuesto, la decisión de creación de dicho Consejo que está a cargo de las jefas y jefes de Estado de Unasur.

En conclusión parece que esta pequeña cumbre de ministros logró más resultados inmediatos que la pasada Cumbre de las Américas, ya sea porque por lo menos salió una declaración firmada por unanimidad por parte de los doce países. Esto sin podría explicarse por dos factores, primero porque había una tendencia a una simetría de todos los países participantes y además en segunda medida porque por esa misma simetría había un grado mayor de consenso con respecto a lo discutido, a diferencia de la  VI cumbre de las Américas donde Estados Unidos y Canadá terminaron vetando las decisiones más importantes y trascendentales.