Christian Chacón Herrera
OPRIC

El gobierno colombiano se ha manifestado en el sistema internacional recientemente en dos organismos multilaterales.  En primer lugar está La ONU, en donde se prepara la conferencia de RIO +20 que se reunirá en junio y en la cual el país ha sido el constructor de la propuesta de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible que se discutirán entre todos los Estados participantes.

En segundo lugar está La OIT que fue otro flanco de acción de Colombia con la candidatura del ex sindicalista y ahora vicepresidente Angelino Garzón. Curiosamente, la sociedad y el Estado colombiano hoy se encuentran en un debate amplio respecto a dos temas transversales a lo dicho anteriormente: Las consecuencias ambientales y sociales de la llamada “locomotora minera” y la protección de los derechos laborales y sindicales.

Es paradójico encontrar esta situación por dos cosas:  Primero, Colombia propone unos objetivos de “desarrollo sostenible” mientras no encuentra aún como regular de mejor manera la concesión de títulos mineros y la expansión de las empresas de explotación de recursos naturales en el país. Además se sigue enfrascado en una tensión con la población de zonas como La Colosa, en el Tolima, El Quimbo, en el Huila como algunos ejemplos.

De esta manera se quiere empujar el desarrollo llevando hasta el límite las posibilidades del medio ambiente e impulsando con ello a circunstancias adversas a las poblaciones de la zona (que se manifiestan en desplazamiento, pérdida de recursos naturales y de territorios para la subsistencia, contaminación del ecosistema, alteración de la configuración geográfica, falta de seguridad alimentaria, entre otros) . Contradictoriamente, con éste mismo  desarrollo, Colombia busca posicionarse en el sistema internacional como un país “emergente”, “autónomo” y con “capacidad de negociación” para discutir temas como la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el acoplamiento de un sistema productivo con los derechos ambientales y sociales de la comunidad.

Paradójica también es la candidatura a la OIT por parte de Garzón. En otro de los intentos de liderar las agendas globales, Colombia lanzó un candidato a la institución que defiende el interés de los trabajadores en el mundo. El actual vicepresidente comenzó su carrera hacia la dirección del organismo a inicios de año a pesar de las diversas advertencias sobre la dificultad de ganar de nuevo para el subcontinente la presidencia (ya que el saliente era el chileno Juan Somavia). Pero aquí hay varias contradicciones. La primera es que la candidatura es impulsada por el gobierno colombiano y el lobby para la misma en gran medida se hizo con otros gobiernos, en contraste con el candidato de los sindicalistas, el inglés Guy Ryder, favorito para alcanzar la presidencia de la OIT.

La segunda y más importante es que Colombia se lanzó a la competencia sin cumplir las reglas de juego, ya que “se antojaba difícil que Colombia, que tiene pendiente un alto número de recomendaciones de la propia OIT y que es señalado por varias ONG internacionales de no tener los mecanismos suficientes para detener las violaciones de los derechos humanos, ganara tal elección”[1]. Un país que ha jugado la carta de la inversión extranjera, que le ha apostado a la flexibilización laboral para la atracción de empresarios foráneos y que no sopesa los derechos laborales frente a los derechos del capital, pareciera tener poco criterio para manejar los hilos de la OIT.

Ni hablar de la persecución al sindicalismo, ya que Colombia no tiene un prontuario favorable en esta materia, puesto que para 2010, el país seguía siendo lugar con mayor número de sindicalistas asesinados.  En palabras de Ryder “ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario”[2].

De esta manera es contradictoria la posición internacional y la intención colombiana hacia afuera y la realidad interna.

Una lectura “interméstica”

A pesar de las contradicciones que se encuentran en lo expresado anteriormente, estas situaciones se pueden leer de manera interméstica[3]. Esto es posible porque Colombia lleva temas agudos de su agenda interna al plano internacional, mostrando un liderazgo, una búsqueda de negociación y propuestas concretas que le permitan reacomodar sus dinámicas nacionales a lo establecido internacionalmente.

Hablar de una “Economía Verde” y de “objetivos de desarrollo sostenible” es permitirse seguir impulsando las locomotoras casi al límite de esos objetivos pactados, sin afectar el interés de las multinacionales y el plan de desarrollo económico del gobierno nacional. Este tipo de objetivos no apunta a ampliar las garantías de derechos respecto al capital, sino apenas a asegurar algunos elementos básicos que no son garantía total de derechos sobre la tierra, los recursos naturales, el agua y la vida.

Por el otro lado, la llegada de Garzón a la OIT habría significado un espaldarazo de la organización a los “avances” hechos por el país en materia laboral, que fueron exigidos para la firma del TLC con Estados Unidos por ejemplo. De esta manera también se jugaba una carta hacia afuera para solventar un tema interno.

Colombia desea dar una buena imagen internacional, como un país activo, participativo y con capacidad negociadora, pero que aún no logra resolver ni llegar a acuerdos internos sobre el camino que hay que seguir en diversos campos sociales y económicos. La estrategia de figurar en el sistema internacional debe estar respaldada por hechos internos y consensos que permitan una coherencia real entre lo interno y lo externo.