Nicolás Martínez P.
OPRIC

A propósito de la situación suscitada la semana pasada alrededor de los señalamientos hechos al general Santoyo por su posible vinculación con el narcotráfico y específicamente con la llamada oficina de Envigado, lanzados desde la justicia norteamericana en una corte en Virgina, cabe hacerse la pregunta como el gobierno colombiano está manejando el tema y los tratados de extradición, desde y hacia Colombia.

Dentro de los mismos se contempla que personas que hayan cometido delitos en el país y que no se encuentren en el mismo, puedan ser pedidas a las autoridades del país en donde dicha persona se encuentre. Actualmente el gobierno colombiano cuenta con varios tratados en vigencia relacionados con la extradición: Hay dos regionales, once bilaterales y seis multilaterales [1]. A partir de estos tratados vale la pena mirar los casos que se manejan a nivel internacional y que en este momento tienen relevancia para el interés nacional, por su importancia para la justicia colombiana. Se hará un recuento entonces de los casos de personas que son requeridas por la justicia de nuestro país, y además los que involucren a países que requieren ciudadanos que se encuentran en Colombia y son solicitadas en extradición.

En los primeros se destaca el de María del Pilar Hurtado que está actualmente asilada en Panamá y quien es requerida por la justicia colombiana dentro de la investigación para esclarecer las interceptaciones ilegales a teléfonos llamadas ‘chuzadas’. En segundo lugar está el de Luis Carlos Restrepo quien probablemente se encuentra en Estados Unidos [2], pero que no está formalmente asilado, y cuyo proceso es el que se refiere a la falsa desmovilización del bloque cacique la Gaitana de las FARC, el cual fue revivido la semana pasada cuando se revocó el fallo promulgado por el tribunal de Bogotá que anulaba la legalización de captura de Restrepo [3]. Tomando en cuenta estos dos casos ejemplares se tiene que tomar en cuenta los tratados de extradición con el gobierno de Estados Unidos y Panamá.

El tratado que ayudaría a extraditar a Restrepo sería el convenio de extradición firmado en Montevideo en 1933 y que entraría en vigor en Estados Unidos y Colombia en los años de 1934 y 1936 respectivamente [4]. El que ayudaría a extraditar a María del Pilar Hurtado sería aquel firmado en Panamá en 1927. Frente a estos dos casos ya se ha resuelto parcialmente el último en tanto el gobierno panameño adoptó a Hurtado como asilada política. Por el otro lado no ha habido pronunciamientos oficiales del gobierno norteamericano frente a la posible estadía de Restrepo en ese país, ni su condición legal en el mismo.

Frente a las personas que se encuentran en Colombia y son requeridas por gobiernos de otros países, la mayoría son pedidos en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. En este momento se destacan el general retirado Mauricio Santoyo quién fue jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe y se le acusa por colaborar con la llamada oficina de Envigado dentro de sus actividades relacionadas con el narcotráfico [5]. También han sido importantes la cuñada y la sobrina de ese ex presidente, Dolly Cifuentes y Ana María Uribe, respectivamente, acusadas de estar relacionadas con la oficina de Envigado y el cartel de Sinaloa [6]. En estos tres casos también se tendría en cuenta el tratado de extradición firmado en Montevideo ya que involucra al gobierno colombiano y al gobierno norteamericano.

En torno a estas dos situaciones, las peticiones de extradición de Colombia y hacia Colombia se ven dos escenarios totalmente distintos. Mientras que el país ha ayudado y colaborado activamente con las peticiones de extradición -particularmente las de Estados Unidos- frente a personas acusadas de crímenes relacionados con el narcotráfico como sucedió durante el gobierno de Uribe, incluso cuando esto vulneraba la verdad de crímenes más graves como los de lesa humanidad cometidos por paramilitares; el país ha recibido o poca o ninguna ayuda frente a peticiones de extradición hacia los otros países. La política diplomática parece que colaborara más con la justicia de los demás países que con la del mismo: No se actúa ni se pide ningún tipo de informe oficial al gobierno estadounidense acerca de la condición de Restrepo, no obstante se responden inmediatamente de manera oficial, es decir desde el mismo presidente, los comunicados que piden responder a la justicia norteamericana a Santoyo y las familiares de Uribe. Mientras tanto paradójicamente el país que más ha colaborado con las capturas y posteriores envíos de personas requeridas por la justicia colombiana ha sido Venezuela, quien ha capturado durante los últimos años a varias personas entre narcotraficantes, paramilitares –como Martin Llanos-. No obstante el Estado venezolano aún tiene varias personas que son requeridas por la justicia colombiana entre los que estan algunos miembros de las FARC como alias ‘marquetaliano’ [7], y Julian Conrado ‘el cantante de las FARC’ [8].

Lo que resta por ver es que el gobierno colombiano y la cancillería haga un mayor esfuerzo no sólo por extraditar hacia otros países sino hacer efectivos otros procesos de extradición para que pueda hacerse justicia y hayan procesos de reparación de las víctimas de los crímenes hechos por estas personas, y no ocurra lo que ya ocurrió con Yair Klein [9], quién hay que recordar como el mayor asesor de los paramilitares y quién nunca respondió en Colombia por los delitos cometidos.