Nicolás Martínez P.

OPRIC

Lo sucedido en Paraguay ha suscitado todo tipo de reacciones conforme han pasado los días, no obstante, en general a nivel internacional ha primado el apoyo al destituido Fernando Lugo y en consecuencia, también ha primado el rechazo al nuevo gobierno de Federico Franco por ser considerado ilegitimo. El nuevo gobierno paraguayo parece así tambalear ante la opinión internacional, y sobre todo ante el marco diplomático regional.

Franco ha intentado resolver la situación mediante inagotables explicaciones argumentado porque el nuevo gobierno no ha socavado la democracia diciendo que el relevo se dio mediante ‘los causes legales’ contemplados en la constitución paraguaya. No obstante a su pesar, han seguido los rechazos contra su gobierno.

Reacción Internacional.

La primera reacción de política exterior y diplomacia fue variada y se dio en varios matices: Mientras gobiernos como el de Argentina, Ecuador y Venezuela retiraron de inmediato a sus embajadores, condenando con vehemencia lo acontecido –e incluso suspendiendo comercio como en el caso venezolano con el petróleo-; gobiernos como el colombiano, el brasileño, el chileno y el uruguayo llamaron a consulta a sus diplomáticos para que rindieran informe de lo sucedido para luego poder pensar y así tomar una posición[1].

Pasando los días, los otros gobiernos y organismos, también se fueron posicionando con una opinión, y además surgieron nuevas propuestas de los países que ya había hablado del tema:

Los países de la región, en general, mostraron  una preocupación por lo acontecido. El bloque de UNASUR decidió que todas y todos los cancilleres debían asistir a una reunión extraordinaria, que tuvo lugar el fin de semana, donde determinaron que los mandatarios del bloque regional se debían encontrar en una reunión para así tomar una posición conjunta. Sumado a esto también se tomó la decisión de quitarle la presidencia pro tempore del organismo a Paraguay, que ésta estaba en manos de Fernando Lugo, y dársela a Perú en cabeza de Ollanta Humala. El encuentro presidencial tendrá lugar el viernes 29 de junio y asistirán once de los doce mandatarios del organismo, siendo así excluida la representación de Paraguay. Ese país reaccionó diciendo que la única instancia que podía citar a reuniones extraordinarias era la que ejercía la presidencia pro tempore y por lo tanto la reunión que se llevará a cabo en Mendoza a nombre de la organización no es posible.

Por otro lado el bloque del MERCOSUR ya realizó su encuentro, y determinó la sanción que se aplicará a Paraguay. Dicha sanción es más política que económica, consiste pues, en excluir a la delegación paraguaya de todos los encuentros hasta el momento en que vuelvan a haber elecciones en ese país. El mecanismo legal usado por MERCOSUR fue el protocolo Ushuai I[2], en donde se ratifica la vocación democrática del organismo y por lo tanto se sanciona a cualquier Estado que ponga en duda esa vocación. Las sanciones económicas no se aplicaron desde el bloque teniendo en cuenta que las mismas perjudicarían al pueblo paraguayo más que a sus actuales representantes. El gobierno paraguayo rechazó la medida y protesto porque su delegación no fue admitida dentro del encuentro. A parte de las declaraciones oficiales, es necesario analizar la sanción política contra Paraguay como una oportunidad al Estado venezolano para que entre a ser miembro pleno de MERCOSUR teniendo en cuenta que el único impedimento que tiene en este momento es la no aprobación por parte del legislativo paraguayo del ingreso de Venezuela al bloque debido a las diferencias ideológicas de ese parlamento y el gobierno venezolano.

Colombia y el hecho.

Pasando a la postura del gobierno colombiano éste se ha destacado por tener una posición activa y por haber sido uno de los países que más ha emitido declaraciones. La primera declaración hecha por Juan Manuel Santos lamento lo sucedido y determinó que si bien la destitución de Lugo se había hecho de acuerdo a la constitución, se violó el debido proceso de Lugo ya que sólo se le dieron dos horas para su defensa, y el tiempo total de la destitución tomó apenas 48 horas. En palabras del mismo Lugo fue un golpe express.

Luego de esto, durante el fin de semana se destacó también la proposición de Santos para que se adelantaran lo más pronto posible las elecciones[3] y de esta manera el nuevo gobierno tuviese la legitimidad del procesos democrático. Propuso pues, una salida a la ‘hondureña’ en donde se retira cualquier cuestionamiento al golpe contra el presidente en tanto hay de inmediato elecciones. Uruguay respaldó de inmediato la propuesta colombiana, no obstante esto, Paraguay mediante su Tribunal Superior de Justicia Electoral descartó de inmediato dicha propuesta argumentando que la Constitución del país no contempla el cambio de fechas de comicios.[4]

Finalmente el gobierno colombiano declaró que se acogerá a la decisión que se tome en la reunión extraordinaria de UNASUR[5] el viernes en Mendoza Argentina. Lo que se decida en ese espacio será trascendental para el lugar que ocupará Paraguay en el ámbito regional por lo menos dentro de los siguientes 10 meses, es decir, hasta que vuelvan a haber elecciones en ese país. Es importante que la posición de los distintos países dentro del debate de UNASUR tenga en cuenta que lo cometido contra el presidente Fernando Lugo fue un golpe  anunciado y planeado desde hace bastante tiempo. No sólo porque Federico Franco había declarado ya en 2009 que estaba listo a gobernar en cualquier momento, sino porque ya se habían descubierto documentos que apoyaban la tesis que los opositores del gobierno en el senado esperaban el más mínimo error de Lugo para revocar su mandato[6]. Es pues de esperar que la sanción internacional contra Paraguay vaya en vía de condenar este nuevo tipo de golpes que cobijados bajo un manto jurídico derriban gobiernos que no necesariamente sufren inestabilidad política, sino de rivalidades políticas, haciendo que se resquebraje así la democracia de los países.