Christian Chacón Herrera
OPRIC
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció que el próximo 20 de septiembre habrá audiencias orales en el contencioso entre Colombia y Nicaragua, que continuó tras la definición de límites en el 2012, cuando la CIJ estableció nuevas fronteras que implicaron el otorgamiento de aguas territoriales a Nicaragua, extendiendo su frontera marítima en correspondencia con algunos criterios de la Convención del Derecho del Mar CONVEMAR.En este segundo proceso, Nicaragua demandó a Colombia por dos puntos en particular: 1. Las violaciones de los derechos soberanos de Nicaragua en la zona determinada por la Corte Internacional de Justicia y 2. Por la posibilidad de que la CIJ reconozca la plataforma continental extendida, que puede otorgarle más espacio marítimo en el Caribe, en detrimento de la soberanía del Estado colombiano.
Más allá de un análisis jurídico, vale la pena desglosar algunos elementos políticos relevantes en el contexto de la política exterior colombiana, que han implicado asuntos domésticos e internacionales. Antes de estas audiencias, se entretejieron distintas estrategias que pueden tener incidencia en lo que el Estado colombiano presente ante los jueces en el mes de septiembre del año en curso.
La búsqueda de la legitimidad
Tras el fallo de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos se vio inmerso en una oleada de críticas por parte de distintos sectores sociales y políticos, por la pérdida de territorio. La canciller y el presidente fueron citados por distintas entidades para explicar el proceso de defensa, se dio un contrapunteo entre los expresidentes alrededor de lo que cada uno había contribuido (o no) para resolver el asunto del litigio. La opinión pública rechazó el fallo y alimentó la posibilidad de no acatarlo, lo cual se hizo de manera subrepticia con la frase de “acatamos, pero el fallo es inaplicable”.
Uno de los sectores más críticos fue el del grupo étnico raizal, moradores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De hecho, algunos grupos de presión raizal iniciaron un ejercicio de desconocimiento de la soberanía colombiana y de acciones internacionales que reivindicaran sus derechos sobre el territorio. El Estado colombiano tuvo que acercarse a estos sectores y vincular a los raizales a la construcción de nuevas estrategias de cara a las nuevas demandas, lo cual se consolidó con el raizal team, un equipo de raizales que trabajó de la mano con el gobierno colombiano.
Con la llegada del gobierno de Iván Duque, este trabajo con el raizal team se dilató y apenas se reanudó recientemente, para terminar de perfilar la posición de Colombia en las audiencias orales, pues la fase escrita se finiquitó en 2016 y en 2017 con la contramemoria y las contrademandas de Colombia respectivamente, las cuales versan sobre el hostigamiento a la población raizal en su ejercicio de pesca por autoridades nicaragüenses y sobre la apropiación indebida de espacio a través de un decreto de 2013 por parte de Nicaragua.
Se ve un cambio de estrategia respecto a la población raizal, pues de ser completamente ignorada en el proceso anterior, cuestión que se evidencia en la contramemoria colombiana presentada a la Corte, hoy la Cancillería y el equipo jurídico de Colombia hace alarde de la participación, los derechos y los intereses de los raizales, al señalar la relevancia de estos en las acciones de defensa de la soberanía, de los derechos étnicos y de las prácticas ancestrales. El comunicado de la Cancillería, por ejemplo, reza “el equipo de defensa ha contado con la colaboración de la Armada Nacional de Colombia y otras entidades del orden local y regional, así como de varios miembros de la comunidad Raizal del Archipiélago, quienes desde una perspectiva multidisciplinaria han hecho valiosas contribuciones a la defensa de la Nación”[1] e indica que no se ha vulnerado los derechos de Nicaragua, pues justamente se defienden los derechos raizales, que no han sido reconocidos por el país centroamericano.
Esta nueva perspectiva, aunque tardía, alimenta la posibilidad de que la Corte reconozca este aspecto como relevante de cara a fallar respecto a los litigios en curso. El Estado colombiano, esta vez en cabeza de Iván Duque, adicionalmente gana en legitimidad, pues el reconocimiento de los raizales es una tarea pendiente, sobre todo en medio de una grave crisis social en el archipiélago, en donde la reconstrucción de Providencia es un asunto pendiente.
Para Harold Bush, raizal y analista “lo más importante del caso es ver lo que dice el gobierno nacional en relación a lo étnico y cómo ello pueda propiciar un mayor y mejor acercamiento a su población étnica, para poner fin a una relación conflictiva que data desde principios del siglo XX, como también a una mayor cercanía a Nicaragua para una posible negociación bilateral para poner fin al diferendo de más de 40 años”[2], lo cual deja ver que en La Haya se juega más que una cuestión jurídica y bilateral, sino que también está sobre la mesa la legitimidad y la soberanía colombiana en el archipiélago, puesta en duda en varias ocasiones, como con la “declaración de independencia raizal” de 2007 y la solicitud de las “actas de adhesión” por parte de los raizales, de las cuales el Estado colombiano no pudo dar razón.
Escenarios posibles
Sin duda, las primeras audiencias orales y lo referente a la violación de derechos no implicará ningún cambio puntual respecto al escenario actual. Pero sí será importante conocer el tono de la Corte Internacional de Justicia, pues podría incitar al diálogo, como lo hizo en el caso de Bolivia y Chile alrededor del acceso al mar por parte del primer Estado y dar relevancia a lo referente a derechos de navegabilidad, como sucedió en el caso de Costa Rica contra Nicaragua en la navegación del Río San Juan, o podría fallar en favor de alguna de las partes (ya sea a favor de la demanda de Nicaragua o de la contrademanda colombiana), lo cual encendería nuevamente la tensión entre ambos Estados y pondría a Colombia en una situación incómoda frente a lo proferido por la CIJ, la cual ya ha sido vista con recelo por Colombia.
Este primer escenario daría muchas luces sobre lo que es un litigio con efectos más de fondo, como lo es el de la plataforma continental extendida, cuestión que Nicaragua deberá demostrar para poder hacerse con más espacio marítimo en detrimento de Colombia. Aquí, nuevamente los derechos étnicos vuelven a ponerse sobre la mesa y el refuerzo de estos argumentos puede tener un efecto positivo, a pesar de que el equipo jurídico de Colombia que comparece ante los jueces no cuente con un raizal (angloparlantes y conocedores de las prácticas ancestrales).
Un elemento adicional es que Colombia en el ámbito diplomático ha jugado sus cartas y luego de una reacción inicialmente tímida, finalmente llamó a consultas al embajador en Managua, Alfredo Rangel, lo cual puede enrarecer el ambiente bilateral y dificultar la posibilidad de un tratado. Esta cuestión se hace imperativa ante la indeterminación fronteriza producida por el fallo, pues Nicaragua intenta ejercer derechos y Colombia defenderlos en la zona de disputa, con efectos sobre la Reserva de Biosfera Seaflower, la cual ha entrado también en el escenario de la disputa ante la creación en Nicaragua de una reserva similar en el territorio otorgado por la Corte.
En conclusión, Colombia ha construido una estrategia distinta para afrontar su defensa jurídica frente a Nicaragua, pero su éxito estará por verse. La inclusión de la población raizal, la cual contribuyó fuertemente en la construcción de dicha estrategia de manera directa e indirecta[3] le permite al Estado colombiano ganar argumentos en el litigio y buscar mayor legitimidad en el archipiélago, aunque Nicaragua puede argumentar que los raizales han tocado también las puertas en el país vecino. El tono de la Corte y la relevancia de lo raizal mostrarán sí estos argumentos fueron acertados y sí faltaron en el proceso ya finiquitado en 2012.
[1] Cancillería. Corte Internacional de Justicia fija fecha para audiencias en caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia por supuestas violaciones del derecho internacional. https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/corte-internacional-justicia-fija-fecha-audiencias-caso-demanda-nicaragua-colombia
[2] Bush, H. ¿Qué esperar del regreso de Colombia a La Haya? https://xn--elisleo-9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22427:2021-08-01-11-31-15&catid=47:columnas&Itemid=86
[3] Chacón, C. (2018) Participación de la etnia raizal en la política exterior colombiana después del fallo de La Haya de noviembre de 2012. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia