Danna Giselle García
OPRIC
El pasado 21 de septiembre, el presidente Iván Duque intervino en la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituyéndose en su último discurso como mandatario de Colombia. La intervención de Iván Duque en este escenario prosiguió sus inclinaciones discursivas habituales en este tipo de espacios, e incluso, una vez más se dejó en evidencia la brecha entre su discurso recalcitrante y los comportamientos y hechos reales. Es por esto, que el presente texto tendrá el propósito de analizar este discurso, a partir de cinco puntos neurálgicos para la política exterior de Duque y que fueron transversales a su intervención: el multilateralismo y la pandemia; Venezuela en la estrategia discursiva; la implementación de los acuerdos de paz y la estrategia ambiental. Estos puntos permiten dar cuenta que las prácticas ejecutivas terminan siendo contrarias a las expresiones discursivas de Duque en este escenario, pero que, al mismo tiempo, estas refieren a una estrategia de legitimación que ha venido proyectando el gobierno Duque ante la comunidad internacional.
Así las cosas, la intervención de Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un primer momento, giró en torno a las consecuencias y desafíos sociales que ha traído consigo la pandemia, como un desafío global, y asimismo se refirió “a los fallos que ha tenido el multilateralismo para responder de manera equitativa y articulada a los momentos más agudos”[1]. Y con respecto a esto, se refirió a las brechas existentes entre los países, concernientes a los procesos de vacunación y la adquisición de las vacunas. El presidente Duque afirmó que, como respuesta, su gobierno se ha concentrado en atender a los más vulnerables, asegurando poner en marcha “la más ambiciosa agenda social de este siglo y, tal vez, de nuestra historia”. Y seguidamente aprovechó lo dicho, para realizar un “llamado global” con el fin de señalar, que son varios los países que ante la pandemia han aumentado su endeudamiento y su déficit fiscal, que pese a que han tramitado las reformas fiscales necesarias “hoy son evaluados por calificadoras de riesgo con ojos y criterios pre pandémicos” y señala que se requiere “un consenso mundial liderado por el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo, que establezca nuevos criterios de riesgo mínimo fiscal durante la etapa de reactivación postcovid”.
Pese a que la inequidad mundial referida a la distribución en las vacunas es una realidad, la utilización de esta en el discurso presidencial de Duque junto con la evocación del multilateralismo para la defensa de intereses particulares, pertenece a una estrategia que busca ganar legitimidad ante la súplica desplegada hacia las calificadoras de riesgo y demás entidades de evaluación crediticia mediante ese “llamado global”; recordando que recientemente, las calificadoras de riesgo Fitch Raitings y S&P rebajaron la calificación de la deuda de Colombia a largo plazo de BBB- a BB+, con lo cual, el país ha perdido el grado de inversión que había mantenido durante más de una década[2]. Esto tuvo como consecuencia, que las reformas tributarias que se han querido tramitar, lejos de ser solidarias y sostenibles, y como se quiso dominar a la actual como la “más importante reforma social de este siglo”, se ha diseñado a solicitud y complacencia de las calificadoras de riesgo y los acreedores del país en el exterior, de ahí que se busque ganar legitimidad en estos espacios internacionales. Aunque esto en el plano nacional, ha terminado por producir un malestar social de importantes dimensiones, lo que ha resultado que sea imposible efectuar una agenda a la medida de las exigencias de las calificadoras de riesgo y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, y que ha terminado por ajustarse de acuerdo con las presiones domésticas y las dinámicas electorales del momento.
Por otra parte, el hecho de que Duque se haya jactado en este escenario, de diferentes acciones orientadas a “afrontar” la pandemia, la realidad es que el gobierno ha venido actuando al ritmo de los acontecimientos, y aquello que llamó la renta básica de emergencia al “Ingreso Solidario” que intenta paliar los efectos de la pandemia, ha sido una política que no ha alcanzado un valor siquiera similar al que establece la línea de pobreza, y se ha venido catalogando como excluyente y antidemocrática[3], que al mismo tiempo que no llega rápidamente hacia los más vulnerables, no contribuye a alcanzar unos niveles adecuados de subsistencia en medio de la pandemia. Este tipo de política junto con el esquema de la devolución del impuesto IVA, que se hacen pasar como medidas “novedosas” en medio de este discurso presidencial, no atienden de manera real los efectos causados por la pandemia. Por el contrario, los apoyos se fueron concentrando en el sector privado y financiero, a efecto de los decretos de Estado de Emergencia que, bajo la excusa de ser actores aliados para la irrigación de recursos y la reactivación económica, los apoyos estuvieron orientados a beneficiar a estos sectores, en contraposición de las necesidades de la población, cuestión última que se omite en el escenario internacional.
Sin embargo, apartando la vista de esta realidad social, tal como era de esperarse, el presidente Duque nuevamente utilizó el espacio convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para desplegar un discurso confrontativo de condena hacia el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela, y el cual catalogó como la “narcodictadura”, manifestando de manera abierta la desconfianza que le producen los diálogos que se están llevando a cabo en México entre el gobierno y la oposición, señalando que estos “no nos permiten ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria, cuanto antes, de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa observación internacional”. La estrategia de Venezuela en el discurso presidencial ha tenido el propósito de exhibir un disimulo de apariencia institucional y democrática, mientras las acciones del gobierno van en contravía del mismo.
No obstante, la utilización de la expresión “narcodictadura” al mismo tiempo que se utiliza para deslegitimar el régimen de Nicolás Maduro y como estrategia de legitimación para el mismo gobierno colombiano, tiene una connotación ideológica con importantes efectos en el plano doméstico, regional e internacional. Pues toda vez que ha servido para generar una polarización política en la sociedad, esta polarización ha tenido implicancia en los asuntos domésticos e internacionales más importantes para el país, como el proceso de paz, las relaciones con Venezuela o las relaciones con Cuba, y la pertenencia de Colombia a organizaciones regionales como la UNASUR. Dando cuenta de una contradicción sobre el multilateralismo que se pregona, pues si bien ha sido importante la participación del país en estas instancias regionales, este se ha visto afectado por la búsqueda de espacios de interlocución y cooperación que le permitieran al gobierno colombiano materializar internacionalmente sus intereses, y aquello se ha dado con países que comparten los mismos “valores” y “principios” democráticos que abandera el actual gobierno colombiano.
Sin embargo, la estrategia de Venezuela en el discurso colombiano se ha venido agotando y es una cuestión que no debería tener cabida en estos espacios internacionales, pues ante su intento de desacreditar cualquier intento de diálogo entre el gobierno y la oposición desde una visión acotada, no aporta de ninguna manera para resolver la crisis política y humanitaria por la que atraviesa el país vecino. El intento de Colombia de desplegar un liderazgo regional orientado a presionar el cambio de régimen en Venezuela ha resultado en una estrategia errática y fallida, por lo que es fundamental un cambio de enfoque de la diplomacia colombiana hacia Venezuela, que evite que la radicalidad e intransigencia de la retórica del presidente Duque contribuya a cerrar una ventana que permita contemplar algún tipo de salida política negociada con el país vecino.
Ahora bien, como era previsible, la dualidad discursiva del presidente Duque en este escenario fue nuevamente notable, ante su intento de posar como “ambientalista”, defensor de la implementación del “débil” acuerdo de paz y los derechos humanos. Pues, por un lado, el gobierno colombiano aseguró en este discurso presidencial, que se ha avanzado “en la construcción de paz con legalidad” y llamando “débil” al acuerdo de paz, señaló que “en los tres años de gobierno se ha avanzado más que en los primeros veinte meses de implementación”. Esto mediante acciones, como la implementación del catastro multipropósito, el proceso de incorporación de los excombatientes, un bajo registro en las tasas de homicidios y secuestros, la mayor erradicación mundial de cultivos ilícitos y la “defensa irrestricta de los derechos humanos”.
Sin embargo, este punto relacionado a los avances en la implementación ha sido fuertemente criticado por la opinión nacional, pues desde los mismos territorios se advierte que no se cumplen los acuerdos de paz, debido a la falta de inversión social y pese a los avances que existen con respecto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, se señala que estos se terminan convirtiendo en elefantes blancos y en un tema de burocracia para la clase política[4]. Además, esta afirmación presidencial, se ha revertido mediante diferentes informes de expertos como el del Instituto Kroc, quien en su último informe señala que hasta finales del año 2020 el avance de implementación se encontraba en un 28% de acuerdo con los 578 puntos que contiene el acuerdo, subiendo tan solo dos puntos porcentuales en comparación al año 2019, siendo el punto dos del acuerdo relacionado a la participación política, el que ha presentado más graves retrocesos, ya que persisten una serie de estancamientos en los compromisos que permitirían avanzar en una mayor profundización de la democracia[5].
Por esto, la fuerte participación que el gobierno colombiano ha realizado frente a estos temas en la escena global, no se ha traducido en acciones concretas para el contexto del país. Pues tal como lo señalan Pastrana, Villota y Burgos (2021)[6], el vocablo “paz con legalidad” hace parte de un vacío significante que intenta distorsionar la realidad, cubriendo con un manto de legalidad los acuerdos de paz, cumpliendo con una de las promesas de la campaña presidencial de Duque. Y tal como se ha manifestado, más allá de querer apalancar la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno y su bancada política se han encargado de debilitarlo.
Mientras que, en el plano internacional, se ha provocado una ruptura con las organizaciones y países que fueron garantes de lo acordado en la Habana, en acciones donde se ha expresado la intención de debilitar o exigir el retiro de organizaciones especializadas de la Organización de las Naciones Unidas y en hechos controversiales como han sido las diferentes arremetidas que ha desplegado el gobierno colombiano, con el organismo de las Naciones Unidas encargado de verificar la implementación de los acuerdos de paz. Tal como sucedió con el informe que presentó en el 2020 el representante de Colombia de la alta comisionada para los derechos humanos, Alberto Brunori, donde se evalúa la situación de Colombia en esta materia, a partir de conclusiones bastante duras para un país que se encuentra en los primeros años luego de la firma de los acuerdos de paz, una situación que tocó al gobierno Duque donde se señaló que lo anterior hacía parte una “intromisión a la soberanía”, y que este era “un informe chambón”[7] entre otras expresiones que deslegitimaron la labor de observancia de la organización en el país.
Además de este hecho, y otros relacionados con referencia a la organización, y los hechos reales que evidencian un aumento en el asesinato de líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, sumado al estallido social que se vivió en el 2019 y en mayo del 2021, desacreditan y desconfirman la afirmación de que realmente ha existido la voluntad política de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, tal como se ha querido proyectar a nivel internacional.
Y, por último, es fundamental señalar que esta dualidad discursiva se evidencia en la temática que tocó el presidente Duque en su discurso, con referencia al medio ambiente, posando como defensor de este, ante el intento de querer llevar a cabo un liderazgo a nivel regional e internacional, logrando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, logrando la cero deforestación para el año 2030 y la defensa total e irrestricta del Amazonas. Sin embargo, llaman la atención las diferentes trabas existentes para la ratificación del Acuerdo de Escazú, y las diferentes acciones encaminadas a estimular el sector minero como pilar fundamental para el crecimiento económico, sumado a los proyectos megamineros llevados a cabo en ecosistemas estratégicos, la defensa e implementación del fracking, y el retorno a las fumigaciones con glifosato[8]. Actuaciones que ponen en entredicho, las intenciones del gobierno colombiano de proyectar internacionalmente al país como líder regional en la conservación medioambiental y ejemplo global en la reducción del cambio climático.
Es así, que los puntos vistos con anterioridad permearon el hilo conductor del discurso de Duque ante la Organización de las Naciones Unidas, donde se evidencia que el multilateralismo por el que se aboga, se encuentra distorsionado y sesgado, hacia un tipo de interés orientado a mejorar la imagen que internacionalmente se proyecta y a aquel destinado a recibir ayuda financiera en medio de la pandemia, la implementación de los acuerdos de paz, la adquisición de vacunas, los alivios financieros que pueden otorgar las entidades de evaluación crediticia, y el desembolso de recursos orientados a la gestión de la migración venezolana como un compromiso de índole mundial, pasando por alto, que el gobierno colombiano, ante los compromisos adquiridos internacionalmente como son los dados en materia de derechos humanos, se encuentra en el deber de rendir cuentas, pero este es un asunto del que no se suele hablar directamente en los escenarios internacionales y en las expresiones discursivas diplomáticas del gobierno Duque.
[1] El último discurso de Duque como presidente de Colombia ante la ONU. (21 de septiembre, 2021). Obtenido de: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-ultimo-discurso-de-duque-como-presidente-de-colombia-ante-la-onu-556471
[2] “Duque en ONU: pandemia mostró "fallas del multilateralismo ``''. (21 de septiembre, 2021). Obtenido de: https://www.20minutos.com/noticia/323866/0/duque-en-onu-pandemia-mostro-fallas-del-multilateralismo/
[3] Botero, C. (15 de abril, 2021). Ingreso Solidario, antidemocrático y excluyente. Obtenido de: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/ingreso-solidario-antidemocratico-y-excluyente-column/
[4] Rosales, L. (26 de septiembre, 2021). "La implementación del acuerdo de paz es una farsa": líderes de los Montes de María. Obtenido de: https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-es-un-farsa-lideres-de-los-montes-de-maria
[5] “Cinco años de una paz en el alambre”. (25 de septiembre, 2021). Obtenido de: https://elpais.com/internacional/2021-09-26/cinco-anos-de-una-paz-en-el-alambre.html
[6] Pastrana, E. Villota, A. Burgos, M. (2021). El discurso y la acción exterior del gobierno de Iván Duque: ¿la ideologización de la política exterior colombiana?. Obtenido de: http://www.cries.org/wp-content/uploads/2021/05/IVAN-DUQUE-ID-CRIES-WEB-03-Marzo-2021.pdf
[7] Semana. (29 de febrero, 2020). Los detalles desconocidos de la guerra fría del Gobierno Duque con la ONU. Obtenido de: https://www.semana.com/nacion/articulo/pulso-del-gobierno-duque-con-la-onu-en-colombia-que-esta-pasando/654328/
[8] “Duque en la ONU: ¿de qué me hablas viejo?”. (21 de septiembre, 2021). Obtenido de: https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/alexander-arciniegas/duque-en-la-onu-de-que-me-hablas-viejo-XL4278891