Andrés Stiven Bobadilla Silva

El proceso de licitación de pasaportes ha traído consigo una compleja problemática en el interior de la Cancillería, que ha resonado a nivel nacional en los diversos medios de comunicación, y desencadenó un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría sobre el canciller Álvaro Leyva, que llevó a su suspensión.

La polémica se originó alrededor de la licitación para la fabricación de pasaportes. El contrato que se encontraba en vigencia finalizaba el 31 de agosto del 2023, pero fue extendido hasta el 02 de octubre del presente año, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller Álvaro Leyva, abrió un millonario proceso licitatorio cercano al medio billón de pesos cuyo propósito era suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana. Sin embargo, dicho proceso no estuvo al margen de polémicas, levantando diversos señalamientos de anomalías en el concurso.

Las denuncias señalaban que el consorcio colombiano Thomas Greg & Sons, (que ha ganado las licitaciones de manera ininterrumpida desde 2007), tenía una posición de ventaja sobre las demás firmas por las condiciones establecidas en el proceso. Esta empresa no sólo se ha encargado del tema de la fabricación de pasaportes, sino que se trata de un súper contratista del Estado, que maneja temas electorales, entre otros, y que cuenta con una cercanía al poder nacional que le ha permitido contratar con el Estado colombiano (EL PAÍS América Colombia, 2023).[1]

Es por ello, que la polémica no es nueva, ya que la licitación anterior, realizada en el año 2019 se encuentra en proceso judicial, debido a que los demandantes alegaron que se establecieron condiciones que restringieron la libre competencia (La Silla Vacía, 2023). [2]

En el proceso de licitación del año 2023, llevado a cabo por la Cancillería (que fue publicado de manera formal en el pasado mes de abril), hubo peticiones para ajustar el pliego permitiendo participar a más empresas. Sin embargo, la Cancillería mantuvo ciertas condiciones que favorecían al consorcio que tenía el contrato, y negó en reiteradas ocasiones que existiera esta ventaja y que se estuviera direccionando el contrato (Cancillería Colombia, 2023). [3]

El presidente Petro solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que revisara la licitación debido a las múltiples denuncias existentes. No obstante, el Ministerio afirmó que no había inconvenientes y permitió que el proceso continuara hasta la presentación de las propuestas. Como era de esperarse, la única que se presentó fue Thomas Greg & Son, la cual obtuvo el puntaje máximo porque cumplió con todos los requisitos. Posteriormente, se presentaron demandas contra funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores por el proceso de licitación, además de ignorar una consultoría que ellos mismos habían contratado para definir las condiciones del concurso.

Fue entonces cuando el propio canciller Álvaro Leiva intervino directamente y asumió el control de la licitación y tomó la decisión de declararla desierta. Entre los argumentos que utilizó, el Ministro Leyva argumentó que el pliego no garantizaba que la competencia fuera equitativa, lo cual fue lo que reclamaron los interesados (El Espectador, 2023).[4] Por otro lado, el canciller señaló que su ministerio había desconocido las recomendaciones de la consultoría para formular la licitación, la cual fue realizada por la misma Cancillería.

La declaración de la licitación como desierta, significaba en la práctica que la licitación había sido fallida y se debía realizar nuevamente. Sin embargo, la decisión traía una afectación directa a la atención a la ciudadanía, dado que las problemáticas a la hora de realizar la licitación dieron como resultado un represamiento y desabastecimiento en el suministro de pasaportes y visas del país, que se dio durante la segunda mitad del 2023 y que se estima que afectó a millones de colombianos.

Esta decisión provocó que la empresa Thomas Greg & Son, que se había visto afectada al no ganarse la licitación, presentara una demanda por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares). El consorcio también interpuso diversos recursos de reposición ante la Cancillería, los cuales fueron negados en varias ocasiones. Las reiteradas negativas del Ministerio, así como el fracaso en el proceso de conciliación, llevó a la demanda instaurada por la empresa ante el Estado colombiano.

De hecho, la postura de Álvaro Leyva frente a este caso ha sido la de no conciliar de ninguna forma, desacatando la recomendación del Comité de Conciliación del Ministerio y enfrentando a diversos funcionarios de la Cancillería con el jefe de esta cartera ministerial (Revista Semana, 2023) [5].  Las diferencias fueron tan evidentes, que llevaron a la renuncia de Martha Lucía Zamora, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Infobae, 2023).[6]

El Canciller fue más allá, y firmó una resolución declaratoria de ‘Estado de Urgencia Manifiesta’, buscando resolver los problemas generados por la licitación fallida. Gracias a esta declaratoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una contratación directa sin necesidad de hacer una licitación, para seguir suministrando el servicio sin ningún inconveniente, mientras se realizaba la nueva licitación (El Tiempo, 2023).[7] Por tal razón, la Cancillería se vio en la obligación de recontratar a Thomas Greg & Sons, ya que era la única empresa que contaba con la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar de manera inmediata el contrato.

Este conjunto de decisiones le valieron al canciller Leyva una suspensión de tres meses y un juicio disciplinario por parte de la Procuraduría General Nacional, que lo acusó de haber transgredido los principios que rigen la contratación estatal, además de de no haber tenido los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos para declarar la urgencia manifiesta (Caracol Radio, 2024).[8] También se investiga si hubo represalias contra la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien fue agredida verbalmente por el canciller cuando le sugirió conciliar con Thomas Greg & Sons. Zamora finalmente renunció a su cargo.

La Fiscalía también indaga si el canciller Leyva y su hijo Jorge Leyva tuvieron algún tipo de injerencia en el proceso de licitación, pues se conoció que el hijo del ministro habría participado en una reunión en París con empresas interesadas en el contrato. Asimismo, se investiga el papel de Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, quien también habría asistido a dicha reunión (El Tiempo, 2024).[10]

En medio de todas estas investigaciones y de la suspensión del canciller Leyva, la Cancillería abrió el nuevo proceso licitatorio con un valor de 416.000 millones de pesos, buscando encontrar la empresa que se encargue de los asuntos relacionados a los pasaportes y visas (El PAÍS América Colombia, 2024).

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La cadena de errores en todo este proceso ha puesto en entredicho la prestación de un servicio esencial para la ciudadanía, que podría verse afectado por la falta de un proveedor confiable y eficiente; y ha sido también una demostración de las diferentes visiones que hay al interior del Gobierno Nacional, y de cómo se impone la posición del Presidente y el Canciller sobre determinados temas.

 Referencias