Julián Darío Bonilla
OPRIC

A pesar de la conmoción que se significó el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia contra Colombia, por la demanda presentada por Nicaragua en octubre de 2001, todavía se encuentra vigente la demanda que contra el mismo órgano jurisdiccional internacional presentó Ecuador en el año de 2008 en relación con la aspersión de glifosato en la zona fronteriza. Lo anterior, a pesar de haber sido parte de una serie de disputas entres los gobiernos de Rafael Correa y Álvaro Uribe y pese a haber reanudado las relaciones diplomáticas con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia colombiana en el año 2010, el proceso se mantiene vigente y el gobierno colombiano no está al tanto de las acciones procesales ni los posibles resultados de un fallo que podrá producir la Corte Internacional de Justicia en los próximos años.

El día 19 de noviembre de 2012 Colombia recibió la noticia del fallo expedido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya en relación con la demanda que desde el año 2001 Nicaragua presentó en contra del país en relación con los límites marítimos y la solicitud de declaratoria de nulidad del tratado Esguerra – Barcenas de 1928, que le otorgaba soberanía al país sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las demás islas, islotes y cayos que conformaban esa zona insular. Asimismo, ese tratado le otorgaba la soberanía a Nicaragua sobre la costa de Mosquitía, ubicada en plena territorio continental centroamericano.

El fallo, como es bien sabido, generó una gran cantidad de disputas entre diversos sectores políticos, jurídicos y académicos del país, que han hecho que la política exterior colombiana se haya concentrado en los últimos meses en las estrategias que puede hacer Colombia luego de que un fallo de carácter inapelable le haya retirado más de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, respetando únicamente la soberanía sobre las zonas adyacentes a la regiones insulares anteriormente referidas. Existen posiciones que consideran que puede llevarse a cabo un “acatamiento crítico”, debido a los nuevos criterios que se utilizaron para tratar de definir las fronteras entre los dos países, por encima del denominado meridiano 82[1]. Pero también aquellas que apelan al tradicional patriotismo como una estrategia de tipo político en donde se exige no acatar el fallo y llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Situación esta última que llama la atención debido a quien es en este momento su principal promotor, el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, accedió en el año de 2007 cumplir con el fallo, generando en ese momento lo que se denomina en el Derecho Internacional Público como un Acto Unilateral de Derecho, vinculante para las partes.

El gobierno de Juan Manuel Santos ha querido mostrarse proactivo para proteger los intereses que hasta este momento recordaron desde la capital. Y ha llevado a cabo actos como la denuncia del Pacto de Bogotá, que obliga a los estados firmantes reconocer a la CIJ como el órgano jurisdiccional para resolver sus disputas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que luego de la denuncia transcurre un periodo de un año para que éste tenga los efectos deseados. En circunstancias así, es posible que durante el tiempo que falta para que se cumpla el plazo otros Estados presenten demandas contra Colombia, viéndose obligada en estos casos a promover las acciones legales ante la CIJ.

Lo anterior fue el desarrollo de una acción encaminada a evitar mayores cuestionamientos en contra del gobierno nacional por la pérdida de Mar Territorial, pues el fallo contra Nicaragua ya está vigente y solo queda la posibilidad de solicitar una revisión del mismo. Asimismo, en este momento Colombia tiene ante la Haya otro proceso iniciado por Ecuador desde abril de 2008 y que se relaciona con el tema de la aspersión de glifosato en la zona fronteriza.

El caso tuvo un origen de tipo político. En esa época las disputas entre los gobiernos de ambos países generaron diversos escenarios de crisis diplomáticas, debido a las diversas confrontaciones verbales entre los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe. Antes de presentar formalmente la demanda ante la Corte Internacional, el gobierno ecuatoriano expulsó al embajador colombiano. Estos diversos acontecimientos se generaron debido a la acción militar que llevó a la muerte del “número 2” de la guerrilla colombiana de las FARC, alias “Raúl Reyes”, quien fue asesinado en un operativo militar que ingresó a territorio ecuatoriano.

¿Por qué es importante tomar en consideración la situación procesal de este caso? Porque es bien sabido que una de las fallas que tiene Colombia es la relacionada con la defensa que presenta ante órganos de justicia internacional, además debido al hecho que se ha querido mostrar toda una nueva maquinaria jurídica, contratando abogados extranjeros y creando grupos asesores en relación al caso de Nicaragua, desconociendo o dejando a un lado un proceso que todavía está vigente y que se encuentra en la etapa preliminar para la entrega de alegatos por parte del gobierno colombiano. Inclusive, es poco lo que los medios de comunicación del país han tomado en cuenta para comprender el desarrollo de las actividades procesales en concordancia a este caso.

La primera actuación procesal en este caso se llevó a cabo mediante la presentación de una serie de alegatos escritos entre las partes el día 29 de abril de 2009 por parte del gobierno ecuatoriano, seguido por la contramemoria colombiana del día 20 de marzo de 2010. Luego de esto, se llevó a cabo una segunda ronda, a petición de la República del Ecuador llevada a cabo el día 31 de enero de 2011.

La última actuación procesal que desarrolló Colombia se presentó durante el mes de febrero del año en curso y se relaciona con la discusión que se ha llevado a cabo en relación con aspectos meramente procedimentales, pues se espera que el desarrollo de las primeras audiencias se efectúe a finales del presente año. Como se puede observar, el transcurso de los términos procesales en los casos ante la CIJ son extensos y, si se compara con el caso presentado ante Nicaragua, pueden pasar más de 10 años desde el momento que se presenta la demanda antes que se profiera un fallo de fondo sobre los temas dispuestos en las pretensiones ecuatorianas contra Colombia.

A pesar de la reanudación de la actividad diplomática y bilateral de ambos países desde la posesión del Presidente Juan Manuel Santos el 7 de agosto de 2010, uno de los puntos que se ha mantenido al margen de las negociaciones que permitieron recuperan las relaciones entre los países ha sido precisamente el relacionado con la demanda ante la CIJ. En estos momentos, la defensa colombiana es llevada a cabo por parte de la firma Volterra Fietta, firma inglesa reconocida por sus actuaciones en diversos procesos de carácter internacional, siendo el agente en representación del Estado colombiano el abogado Carlos Gustavo Arrieta y en calidad de coagente Juan José Quintana[2].

Es necesario reparar de manera detallada el trámite procesal que se ha efectuado por esta demanda, así como las próximas actuaciones que comenzarán a desarrollarse cuando se cumpla con lo establecido en el reglamento de la CIJ. Pues en general, a diferencia del caso contra Nicaragua, el proceso iniciado por el Estado ecuatoriano se encuentra vigente y todavía hace falta el tratamiento de otras etapas procesales. Asimismo, al ser un proceso que se inició antes de la denuncia del Pacto de Bogotá que presentó a finales del año 2012 el gobierno colombiano, no puede oponerse la misma para impedir la actuación de la CIJ en relación con el estudio de las pretensiones ecuatorianas y la defensa colombiana por este caso.