Christian Chacón Herrera
OPRIC

En los últimos días se viene atizando la tensión en la nueva zona fronteriza delimitada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Colombia y Nicaragua debido a la “expulsión” e “intimidación” de las autoridades nicaragüenses a las embarcaciones de pescadores colombianos. En medio de varias posiciones, el gobierno colombiano ha anunciado no solo el apoyo a las embarcaciones nacionales sino una estricta vigilancia de la Armada en dicha zona. 

El hecho radica en la expulsión de una embarcación con bandera colombiana en la zona cercana al cayo de Serranilla en donde una embarcación de las autoridades nicaragüenses les obligó a retirarse de la zona en menos de 72 horas. Además se ha hablado de intentos de abordaje por parte de los nicaragüenses a las embarcaciones colombianas. La denuncia fue replicada por la Gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, y la Senadora de la comisión segunda Alexandra Moreno Piraquive. Ésta última declaró que “luego del fallo de La Haya, Nicaragua se comprometió con Colombia a respetar la libre navegabilidad y el derecho de pesca a los colombianos. Entonces se ve en este acto de expulsión de pescadores, un incumplimiento por parte del Gobierno nicaragüense”[1].

Los argumentos entre las partes no se han hecho esperar. Desde la tribuna nicaragüense el Ministro de Exteriores, Coronel Orlando Palacios, ha dicho lo siguiente: “Desconozco de dónde salieron los supuestos incidentes de la Naval de Nicaragua con los pescadores de San Andrés. Si detrás hay alguna intención que pueda tener el Gobierno colombiano, esto lo desconozco. El Ejército no puede pronunciarse en eso, más que decir que la soberanía de nuestro territorio está en primer orden”[2] además de anunciar que “los pescadores colombianos pueden pescar en territorio nicaragüense siempre y cuando pidan el permiso correspondiente”[3].

Del lado colombiano, ha sido el mismo Presidente Juan Manuel Santos el que ha salido a hacer mención del tema.  “El mandatario, quien asiste a una cumbre de gobernadores, afirmó que los derechos de los pescadores se harán respetar "pase lo que pase" y advirtió que ellos no tienen que "pedirle permiso a nadie" para desarrollar sus labores”[4] haciendo un llamado a la Armada Colombiana a acompañar y defender a los pescadores dentro de las zonas que, aunque ya están definidas jurídicamente, siguen en disputa de facto a la luz de estos acontecimientos.

La declaración más sobresaliente la hizo el Almirante Julián García Márquez, el cual ha dado cuenta de un diálogo militar bilateral pero ““A pesar de que hay un canal con la máxima autoridad naval en Nicaragua, los comandantes tácticos han tratado de intimidar a los pescadores, y nosotros no vamos a permitir eso”[5]. Además, éste confirmó el llamado del presidente Santos a que la Armada defienda a los pescadores en la zona de los “hostigamientos” de las autoridades de Nicaragua.

Una incertidumbre compleja.

Ha pasado poco tiempo desde el fallo de la CIJ en relación con el cambio de las dinámicas en la zona y lo que viene sucediendo era predecible. Nicaragua inmediatamente ha tomado control sobre la zona que le fue otorgada mientras Colombia aún espera que sea reevaluada la decisión del alto tribunal para lo cual ha contratado a la firma Volterra-Fietta. Con esto “Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores vienen adelantando y (…) estudiando [acciones] para garantizar el respeto y la preservación de los derechos históricos de todos los colombianos, en especial los habitantes del Archipiélago”[6].

Dicha situación ha llevado a que no haya una determinación clara de acciones conjuntas que permitan llevar a mejor puerto el trance que ha significado una delimitación fronteriza diferente y lo que esto significa para los sanandresanos que no pueden, en poco tiempo, transformar sus dinámicas de pesca y navegación. Aunque la Cancillería anunció acciones para reducir la afectación del fallo sobre los nativos y en un diálogo informal Ortega y Santos buscaron el modo de permitir cierto nivel de libertad para los pescadores nacionales, hoy la situación demuestra que no se han llevado a cabo compromisos concretos entre los dos Estados para permitirse una zona común o un espacio donde los sanandresanos puedan realizar sus actividades económicas.

Además “tampoco ha habido nota de protesta oficial de parte del gobierno de Colombia al de Nicaragua por esos hechos”[7] con lo cual, parece que éste está más preocupado por revisar el fallo que por aceptar el mismo y buscar canales de comunicación con compromisos serios para permitir la exploración por parte de embarcaciones colombianas a través de opciones como zonas comunes de navegación. El llamado de Santos, por otro lado, no hace sino generar más hostilidad ya que en medio de los pescadores, las autoridades estarán en completa guardia para defender sus intereses, lo cual no es conveniente para ninguna de las partes.

Es legítimo que Colombia busque una revisión del fallo en toda su extensión pero debe asumir el mismo y buscar por la vía diplomática algunas concesiones y beneficios para los isleños que se encuentran en medio de una tensión diplomática difícil de afrontar. Además preocupa que las manifestaciones desde Colombia se hagan de manera airada por parte de la Presidencia y no a través de la Cancillería, que debe buscar la manera de llevar el tema con más tacto y menos belicismo en pro de una población que aún no logra habituarse al cambio de dinámicas de la alteración fronteriza.