Julián Darío Bonilla Montenegro
OPRIC

La semana pasada en el país se observó con estupor los argumentos presentados por el abogado Rafael Nieto Loaiza en el caso que él, como agente del Estado colombiano, lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) en relación a la toma y retoma del Palacio de Justicia. Fueron sorprendentes los alegatos por la poca claridad argumentativa, la debilidad de la conexión entre las ideas que se planteaban para mantener una posición en defensa del Estado, pero, sobre todo, porque llegó a extremos como el de negar la existencia de desaparecidos durante la retoma llevada a cabo por miembros del ejército los días 6 y 7 de noviembre de 1985, así como la negación de que el Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán fuera asesinado con un tiro a quemarropa[1].

A partir de ese momento, comenzaron a aparecer una serie de acontecimientos que permitieron articular la débilmente estructurada defensa que el Estado, en especial el poder ejecutivo, habría organizado con el fin de exponer determinados puntos de vista que garantizar una adecuada defensa de la misma ante el órgano judicial de la Organización de Estado Americanos (OEA) encargado de hacer cumplir la carta de San José de Costa Rica de 1969. En especial se criticó la labor que Nieto Loaiza efectúo pues según información en prensa, él fue contratado para defender al Estado faltando 5 días para el vencimiento de los términos dispuestos por dentro del reglamento de la CORIDH, y aún así presentó un alegato de más de 300 páginas extrayendo información de los alegatos que presentó cuando representó al Estado por el caso conocido como Santo Domingo. Además, solamente hasta el año de 2012 él obtuvo su tarjeta profesional de abogado, documento que en principio no es necesario para ejercer la defensa ante un órgano internacional pero que demuestra no cuenta con la suficiente experiencia en el ejercicio del litigio ante tribunales nacionales, lo que haría dudar de su capacidad para defender las pretensiones del Estado[2]. Aun así, recibió un estímulo económico que superó los cuatrocientos millones de pesos.

En fin, son varias y extensas las críticas que se han generado por este caso. Lo que vale la pena tener en cuenta es el hecho que para actuar ante tribunales internacionales, Colombia no cuenta con un sistema coherente que garantice un adecuado sistema de defensa jurídica. Y el caso ante el sistema interamericano es el más representativo por la gravedad en las declaraciones y los errores en el esquema de defensa como por el hecho que es ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en donde el Estado ha tenido que sortear un mayor número de casos.

Asimismo, el mismo problema se presenta cuando es necesario actuar ante otros órganos judiciales de carácter internacional. Se ha considerado que uno de los errores para perder la porción del mar territorial de acuerdo al fallo expedido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene relación con la poca capacidad de organización y reacción que tuvo el Estado, en cabeza del Ministerio del Relaciones Exteriores, para organizar de manera concreta la mejor estrategia defensiva para los intereses de mantener el mar territorial. Ante la CIJ se contrató un equipo de abogados internacionales expertos en Derecho Internacional Público, así como expertos en temas de geografía y delimitación marítima, junto con un grupo de asesores colombianos para trabajar estos temas. En total, de acuerdo con una columna publicada por Daniel Samper Pizano, el costo de la defensa de los intereses del Estado colombiano llegó a una cifra cercana a los 8.500 millones de pesos[3]. Igual sucede con la representación que se tiene por el caso que Ecuador y que se comentó en un análisis anterior.

Otro ejemplo se relaciona con las actividades desarrolladas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hasta este momento, Colombia ha estado presente en tres reclamaciones ante este sistema jurídico internacional y, según los resultados de una investigación que efectuó en el año 2009 el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) con el apoyo de la GTZ, en todos los casos, no se llevó a cabo la asesoría jurídica por parte de abogados nacionales; fueron contratados abogados de firmas internacionales con altos costos para su representación.

Por estas razones, es necesario que se replantee la manera cómo el Estado puede asumir la defensa ante órganos judiciales de carácter internacional. Es necesario que se capacite un cuerpo de abogados en las diversas áreas del Derecho Internacional desde las que se pueden llevar a cabo litigios internacionales, siendo de esta manera posible reducir los gastos de representación y tener una mejor preparación para afrontar esta clase de procesos judiciales. En el país existen varios grupos de abogados expertos en los temas internacionales (derecho económico, comercial, público, ambiental, derechos humanos, etc.) y sin embargo, al parecer tanto por la poca formación de un cuerpo jurídico como por prevenciones por la efectividad que los abogados puedan tener, se sigue prefiriendo la búsqueda de abogados que, como el caso de Nieto Loaiza, generen simpatías con actores del establecimiento (se menciona la posibilidad que él haya sido impuesto por miembros de la cúpula militar, pues objetaron al abogado Jorge Ibáñez, quien tenía una estrategia encaminada a reconocer algunas de las responsabilidades del Estado por hecho cometidos por miembros activos del ejército[4]).

Existen países de América Latina, como el caso de Argentina y Brasil en donde una de las líneas de acción dentro de sus respectivos gobiernos corresponde a la creación de grupos de abogados formados y especializados en los procedimientos de los distintos tribuales internacionales. Los casos que Argentina ha asumido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), o los de ambos países ante la OMC son una muestra de la importancia que tiene contar con estos esquemas de defensa jurídica.

Se ha mencionado desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos acerca de una Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, inicialmente a cargo de Fernando Carrillo y actualmente por la abogada Adriana Guillén. Sin embargo, la actividad que ha llevado hasta el momento en casos internacionales se ha visto deficiente, en especial al reconocer que no se tenía clara la línea de defensa que asumiría Nieto Loaiza en el caso del Palacio de Justicia así como tampoco se conoce una coordinación que dicha agencia pueda tener en relación con la defensa que en este momento se está llevando ante la CIJ por la demanda presentada por el Ecuador.

Es necesario replantear las funciones y objetivos que se tenga para la defensa del Estado ante instancias internacionales y así poder evitar situaciones bochornosas como las presentadas recientemente.