Andrea Caterine Solórzano
Juan Manuel Ñustes
Hace unos días, después de poco menos de veinte años en conflicto y miles de millones de dólares gastados, el gobierno de Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán, una derrota anunciada, a la espera del golpe talibán. Si seguimos el rastro de la decisión de Joe Biden encontramos respuestas a partir del modelo de Putnam desarrollado por Velázquez[1]; en este marco, se debe recordar que la política exterior es lo más cercano a una política pública (distintiva), la velocidad en la que el decisor legítimo formaliza la decisión tiene todo un proceso de formulación que la antecede, este se construye en un doble sentido desde el contexto del sistema internacional y desde el proceso político interno. En Estados Unidos, estaba toda la balanza inclinada a una salida de Afganistán, los grupos políticos (incluyendo republicanos), los analistas políticos y la población en general apoyan esa decisión[2], el primer nivel de Putnam de consenso se encontraba superado. No obstante, el segundo nivel de ratificación no está claro, la gestión de la retirada de tropas siempre es “hacer para deshacer'', por eso a nivel externo e interno se instó al presidente Biden a retrasarla.
Danna Giselle García Rendón
OPRIC
En el marco de un evento que tuvo lugar en el departamento de Amazonas el día 4 de agosto, específicamente en la zona comprendida entre la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú, el presidente Iván Duque sancionó la nueva Ley de Fronteras, junto con la Política Integral Migratoria y la ley que endurece los delitos ambientales. Inicialmente, el proyecto de Ley de Fronteras fue presentado en noviembre del 2019 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, atendiendo a las necesidades expresadas por gobiernos departamentales y locales, comunidades indígenas, raizales y pueblos Rrom, en medio de las comisiones regionales para el desarrollo de las fronteras[1]. El objetivo principal de la nueva Ley 2135 del 4 de agosto del 2021 (Ley de Fronteras) es el de fomentar el desarrollo integral y diferenciado de los departamentos, como una deuda histórica que sigue estando presente, pese a la conocida ley 191 de 1995 y el CONPES 3805. En este sentido, es necesario preguntarse por sus posibilidades y principales alcances, teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido la política fronteriza en Colombia.
Nestor Camilo Carvajal Villalba
OPRIC
El pasado 4 de agosto el presidente Ivan Duque finalmente dio sanción presidencial a dos leyes primordiales para la política exterior colombiana: la Ley de Fronteras y la Ley que regula la Política Integral Migratoria (PIM)[1], la puesta en vigencia de estas leyes se da en un momento álgido para ambos asuntos que son, sin duda, complementarios.[2] Por un lado, la migración venezolana ha sido un problema primordial en los últimos años para el Gobierno y la nueva ley llega con la finalidad de articularse con el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, por otro lado, una ley de Fronteras era una necesidad imperante en miras a mejorar la perspectiva de vida y el desarrollo en las regiones de frontera. Entre otros asuntos, estas normas llegan también para brindar un norte mas claro ante la critica situación de migrantes (principalmente haitianos) con destino a Centro América y a Norte América, atrapados en Necoclí en la frontera con Panamá[3].
Juan Manuel Ñustes
OPRIC
Recientemente, el 28 de julio del presente año, la Cancillería llamó a consultas al embajador de Colombia en Nicaragua, argumentando su defensa de los principios democráticos que fundamentan las relaciones de los Estados firmantes de la Carta de la OEA, respondiendo a la violación de los derechos civiles y políticos por parte del gobierno nicaragüense tras presentarse la detención de opositores políticos en un contexto próximo a las elecciones presidenciales[1] [2]. No obstante, parece una decisión bastante tardía, dado que en la Asamblea General de la OEA, en su cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones (2019), resolvió aprobar la resolución AG/RES 2943 que ponía en cuestión las preocupaciones de los Estados miembros sobre la situación de Nicaragua y el deterioro de su democracia, consigo exigía la liberación de presos políticos, petición que continuó con la resolución AG/RES 2962 en 2020[3] [4].
Andrea Caterine Solórizano
OPRIC
Después de varias negociaciones frustradas entre el gobierno de Venezuela y la oposición, como la mesa desarrollada en Santo Domingo en 2016 y el proceso de Barbados en 2019, surge el anuncio de una nueva negociación en México con mediación de Noruega y Estados Unidos con el propósito de superar la crisis del país caribeño[1] a través de un acuerdo nacional.